Enfoque

PODER. El concepto de descentralización alberga discursos variados. Dentro de una jerarquía, una visión muy amplia expresa la cesión de poder a los niveles inferiores, en función de la transferencia de competencia dentro del aparato de Gobierno central a los niveles regionales y/o locales. Pero más que un atributo institucional, la descentralización es un proceso dinámico, relativo y contextualizado que se ubica en un continuo proceso de centralización-descentralización.La descentralización es un proceso político, con la que se pretende recomponer las solidaridades territoriales y reestructurar lo social, es decir refuncionalizar las partes del aparato de bienestar del Estado, en niveles más desagregados (región, departamento, municipio) de modo tal que se logre un reparto territorial de responsabilidades, así como el adelgazamiento y optimización de los cuerpos técnicos burocráticos. Supone la asunción de parte de la región o el municipio, según el caso, de la construcción de "lo local", sin dejar de atender los lineamientos del aparato centralizado del Estado. Esto no significa que no puedan desarrollar una gestión con un sentido distinto o incluso opuesto al que se promueve desde el "centro" o "cerebro" del Estado. (Rivera, 1996: 65)La descentralización "es un proceso global que supone el reconocimiento de la existencia de un sujeto –una sociedad o colectividad de base territorial– capaz de asumir la gestión de intereses colectivos y dotado a la vez de personalidad sociocultural y político–administrativa y, por otra parte, la transferencia de un conjunto de competencias y recursos (humanos, financieros, materiales) que no tiene y que podrá gestionar autónomamente en el marco de la legalidad vigente" (Borja, 1987: 23).La delimitación del territorio sobre el que recaerá la descentralización es compleja y no solo cubre el ámbito municipal, pues los movimientos sociales pueden reivindicar territorios distintos de los que existen en la organización político administrativa del Estado. Por ello las divisiones territoriales deben basarse en unidades con personalidad social y/o cultural que justifiquen la existencia de estructuras políticas representativas y que faciliten la participación ciudadana.

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