CORTE SUPREMA. SALA PENAL CONTRADICE SUS DECISIONES.

Fallos controversiales

Entre diciembre de 2003 y enero de 2007 la Sala Penal negó 5 veces la prescripción en crímenes de la dictadura.

MIEMBROS. La Sala Penal de la Corte la forman los magistrados Aníbal Salas, Graciela Dixon y Esmeralda de Troitiño. MIEMBROS. La Sala Penal de la Corte la forman los magistrados Aníbal Salas, Graciela Dixon y Esmeralda de Troitiño.
MIEMBROS. La Sala Penal de la Corte la forman los magistrados Aníbal Salas, Graciela Dixon y Esmeralda de Troitiño.

Las opiniones de la magistrada Esmeralda de Troitiño, referentes a la prescripción de los casos de la dictadura, se colocan en la acera de enfrente del criterio que sostenía la mayoría de la Sala Penal, al menos durante los dos años anteriores a su llegada a ese tribunal.

Por ejemplo, la Sala Penal, en fallo del 16 de diciembre de 2003, bajo la ponencia del hoy desaparecido magistrado César Pereira Burgos y con el respaldo del magistrado Aníbal Salas, negó una solicitud de la Fiscalía Superior Especial para declarar prescrita la acción penal del proceso que investigaba la muerte de José Tuñón Betancourt.

La Sala basó su decisión en que el fiscal pidió la prescripción del proceso sin haber realizado gestiones para comprobar si esos hechos constituían o no conductas delictivas. El fallo tuvo el salvamento de la magistrada Graciela Dixon.

FALLOS HISTÓRICOS

Tres meses más tarde, el 2 de marzo de 2004, la Sala Penal vuelve a abordar el tema de la prescripción con ponencia de Pereira Burgos y el apoyo de Salas y Roberto González, suplente de Dixon.

En ese fallo, la Sala revoca la decisión del Segundo Tribunal que había declarado sobreseimiento por la desaparición forzada del dirigente popular Heliodoro Portugal, basado en la prescripción penal.

La Sala dijo que no cabía la prescripción penal porque para la fecha de la desaparición forzada de Portugal "imperaba un régimen que impedía el libre acceso a la justicia".

UNA CONDUCTA RECURRENTE

En dos sentencias subsiguientes Pereira Burgos, Salas y González, coincidieron en el tema de la prescripción. En fallo de 27 de abril de 2004, bajo la ponencia de González, la Sala Penal revocó una decisión del Tribunal Superior en la que negaba la solicitud de reapertura de las investigaciones por el crimen de Rubén Miró, ocurrido el 31 de diciembre de 1969.

El magistrado González dijo, tras ordenar la reapertura, que constituye un hecho público y notorio que en el momento en que se produjo el homicidio de Rubén Miró, así como la decisión jurisdiccional que ordenó el cierre provisional del proceso penal, una alta porción de las instituciones públicas estaba bajo el régimen militar.

El 30 de abril de 2004, el magistrado González volvió a revocar una decisión del Tribunal Superior y ordenó la reapertura de las investigaciones por la muerte de Félix Serrano Rodríguez, ocurrida el 15 de abril de 1983. Su decisión la apoyó Pereira Burgos y Salas.

Esos mismos criterios los mantuvo el magistrado Salas, en una sentencia de enero de 2007, en la que la Sala Penal negó un recurso contra una decisión del Tribunal Superior de Chiriquí y Bocas del Toro que no admitió una petición de prescripción penal del proceso por la muerte de Cruz Mojica Flores.

SIN VALOR DE LEY

Para el ex magistrado Edgardo Molino Mola, en Panamá no hay ninguna norma que señale que los delitos de la dictadura son imprescriptibles.

"La jurisprudencia puede variar de acuerdo al criterio de los magistrados. Es probable, pero no obligatoria, y no tiene el valor de una ley", señaló.

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