viaje de dixon por europa, sufragado con fondos públicos.

Gobierno no consultó: Alianza

La sede de la Corte Penal Internacional está en La Haya, capital administrativa de los Países Bajos.

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Mientras que la Alianza Ciudadana Pro Justicia hizo público un comunicado en el que cuestiona al actual gobierno, al igual que a la pasada administración, por haber presentado postulaciones inconsultas a la Corte Penal Internacional, se conoció que los gastos de viaje por los Países Bajos de la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Graciela Dixon, son sufragados con fondos del Órgano Judicial.

"Cuestionamos la forma como los dos últimos gobiernos han procedido a candidatizar [sic] a juristas ante la Corte Penal, sin hacer consultas a las organizaciones de derechos humanos de Panamá, de la sociedad civil, y a los ciudadanos", dijo Alianza.

La red hacía referencia indirecta no solo a la postulación de Dixon de la mano de la administración de Martín Torrijos, sino también la candidatura de la costarricense Elizabeth Odio impulsada por el gobierno de Mireya Moscoso en 2003. Odio integra en la actualidad la Corte Penal.

Para la escogencia de los candidatos a magistrado en la Corte Penal, al igual que en la selección de los nuevos inquilinos de la Corte Suprema de Panamá, dijo Alianza, debe establecerse "un mecanismo" que permita la elección de "los mejores juristas del país".

Ayer, Magaly Castillo, secretaria ejecutiva de la Alianza, dijo que la postulación de Dixon no produjo "confrontaciones" a lo interno de la organización, "sino posiciones diversas como las hay en toda la sociedad panameña" . Castillo hacía alusión a las posiciones encontradas que provocó la elaboración de un comunicado en el que se abordaría la candidatura.

Humberto Castillo, portavoz de la Corte, dijo ayer que si se deseaba obtener información en torno a si los gastos del viaje de Dixon por los Países Bajos –junto a dos funcionarios más del Órgano Judicial– son sufragados por fondos públicos, se tenía que formalizar la petición a través de los mecanismos que establece la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública.

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