PRONUNCIAMIENTO. MIEMBRO DEL SEGUNDO TRIBUNAL ES ACUSADO DE CORRUPCIÓN.

Gómez pide a Corte que admita denuncia contra magistrado

Además de pedirle a la Sala Penal que admita la querella contra Almendral, Gómez solicita el expediente para proseguir con la instrucción.

El magistrado admite que es irregular que se compre, por anticipado, un certificado de garantía para pagar una fianza.

Procuradora Ana Matilde Gómez Procuradora Ana Matilde Gómez
Procuradora Ana Matilde Gómez

La procuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez, pidió a la Corte Suprema de Justicia que admita una querella contra el magistrado del Segundo Tribunal de Justicia, Andrés Almendral, por la presunta comisión de los delitos de corrupción de funcionario y evasión y quebrantamiento de sanciones.

Almendral y el juez sexto de lo Penal, Rubén Darío Royo, fueron querellados por la supuesta concesión irregular de una fianza de excarcelación que favoreció al yugoslavo Nebojsa Vlajovic, acusado de estafa agravada, delito por el cual no hay fianza de excarcelación, según el Artículo 2173 del Código Judicial.

En opinión de Gómez, la querella cumple con los requisitos de los artículos 2000 y 2003 del Código Judicial, para que se admita.

Los delitos de corrupción de funcionario, evasión y quebrantamiento de sanciones son perseguibles de oficio —sustentó la jefa del Ministerio Público— y por ende, solo se requiere comprobar la legitimidad de quien interpone la querella, requisito que ha sido acreditado.

Gómez argumentó, sin embargo, que el delito de abuso de autoridad solo se aplica cuando la conducta ilícita cometida por el funcionario no se enmarca en ninguno de los tipos penales contenidos por la ley. Por ello —explicó la Procuradora— cuando el querellante particular se refiere a los otros delitos de los cuales acusa a Almendral (corrupción, evasión y quebrantamiento de sanciones) hace desaparecer el aludido abuso de autoridad.

Además de pedirle a la Sala de lo Penal que admita la querella contra Almendral, la Procuradora también solicita que se le envíe la investigación a ella para proseguir con la instrucción.

El complejo caso comenzó cuando Vlajovic y el abogado José Luis García fueron denunciados por estafa agravada por el inversionista estadounidense George Pickard, quien asegura que les entregó 127 mil dólares, entre cheques, transferencias internacionales y efectivo. Ese dinero era el pago para tramitar ante la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) dos concesiones de fondo marino en Bocas del Toro para el desarrollo de proyectos turísticos.

Dentro del proceso se mencionó que el abogado Luis García podía conseguir las concesiones de fondo marino por los vínculos familiares con Bertilda García, quien fungía como administradora de la AMP cuando se realizaron lostrámites.

El abogado García permanece detenido en la cárcel de Tinajitas, pero el juez Royo concedió una fianza de 250 mil dólares al yugoslavo. El Ministerio Público y el querellante particular, Rodrigo Sarasqueta, apelaron la medida concedida por el juez Royo ante el Segundo Tribunal, el cual —con la ponencia de Almendral— bajó la fianza a 100 mil dólares.

La Fiscalía Segunda Anticorrupción admitió ya una denuncia contra el juez Royo y envió el expediente a la Sala Segunda (de lo Penal) de la Corte Suprema de Justicia, instancia que tiene la competencia para decidir si admite o no la querella contra Almendral. La magistrada Graciela Dixon, ponente en este proceso de única instancia, remitió el expediente a la procuradora Gómez para que emitiera su opinión al respecto.

sospecha de complicidad

En su respuesta a la Sala Segunda , la procuradora Gómez hizo hincapié en el argumento presentado por el querellante particular, Rodrigo Sarasqueta, de que el abogado José María Castillo, defensor del yugoslavo, compró el certificado de garantía por 100 mil dólares (para enfrentar la fianza de excarcelación) el 28 de abril de 2005, aunque el edicto con que se le notifica de la cuantía fue fijado el 29 de abril. "... en concepto del querellante [esto], denota complicidad por parte de un funcionario que tenía acceso a dicha información", sostuvo la procuradora Gómez en su contestación.

PARECE ALGO IRREGULAR

Al respecto, el magistrado Andrés Almendral reconoció que "pareciera algo irregular" que la compra del certificado de garantía por 100 mil dólares para enfrentar la fianza de excarcelación del yugoslavo Nebojsa Vlajovic, por parte de su abogado José María Castillo, se hiciera un día antes de que se notificara formalmente esa decisión.

También puede pensarse que el abogado Castillo (ex secretario de la Procuraduría General de la Nación) tuvo un criterio "aventurado", porque —al parecer— tenía la seguridad y la confianza de que se iba a bajar la fianza de excarcelación en 100 mil dólares, indicó Almendral.

"Hay otra cosa que se debe tomar en cuenta: En este despacho hay un alto grado de infidencia. Se filtran las decisiones de los magistrados por más que tomemos todas las precauciones y estemos rodeados de personas de nuestra entera confianza", sostuvo el magistrado Almendral.

Dijo que "se supone" que los proyectos de fallos solo van a donde los otros magistrados y a la Secretaría del Tribunal, pero recordó que el documento con la decisión lo llevan otros funcionarios.

"Pero yo no me voy a prestar a estar diciendo lo que voy a hacer", aseguró Almendral.

También recordó que la decisión de rebajar la fianza del yugoslavo Vlajovic fue compartida por la magistrada Elvia Batista.

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