ENTREVISTA

‘Impunidad impide hacer justicia’

Luego de 10 años como magistrado en la Corte Suprema de Justicia, Adán Arnulfo Arjona se dedicará al ejercicio privado de la abogacía.

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Adán Arnulfo Arjona LA PRENSA/ Archivo Adán Arnulfo Arjona LA PRENSA/ Archivo
Adán Arnulfo Arjona LA PRENSA/ Archivo

Para la entrevista, Adán Arnulfo Arjona llegó cargado de cartapacios y memorias y eligió un lugar distinto a su despacho ubicado en la Corte Suprema de Justicia.

“Es que allá todo está enredado”, se justificó, añadiendo después que, a tan solo dos semanas de finalizar su periodo como magistrado, casi ha terminado de limpiar su oficina.

De saco y corbata, aunque con actitud informal, Arjona atravesó la redacción del periódico con confianza y llegó a un salón de reuniones. Ya instalado, sacó un cartapacio con sus ejecutorias y su hoja de vida. Una, dos, cinco, siete... Son 14 hojas blancas en total.

Arjona fue uno de los 71 abogados que, atendiendo al llamado de la Presidencia de la República, presentó su postulación a la comisión de credenciales con la aspiración de ocupar una de las dos vacantes para magistrado que se producirán en la Corte. En su caso, buscaba un segundo periodo en la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo.

“Mi participación en esta convocatoria pública fue exclusivamente en atención a una deferente invitación que me cursó la Fundación para la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional”, detalló el todavía magistrado.

En un gesto que le pareció honroso, añadió, autorizó a la Fundación para presentar su nombre, “porque como organización consideraban que era importante la participación activa en este proceso”.

Pero, ¿usted quería seguir siendo magistrado?

“Lo hice con un espíritu cívico-institucional, con muchísimo desapego”, recalcó.

Pero, además, lo hizo con “plena conciencia” de que la elección de los dos nuevos magistrados “era un tema que estaba cargado de una amplia discrecionalidad política de parte del Ejecutivo, “en el que no hay compromisos de ninguna clase”.

Eso sí, Arjona no quiso entrar en profundidades. Desde el principio dijo que no opinaría sobre la elección hecha por el Presidente ni por la forma cómo eligió, aunque al final siempre comentó algo: “Es una decisión de la que tendrá que rendirse cuentas ante el pueblo y ante Dios”.

Arjona es magistrado desde el año 2000 y ocupó la presidencia de la Corte entre 2002 y 2003. Durante ese periodo cumplió con todos los objetivos trazados, aseguró.

“Todo el programa de trabajo lo pude terminar en el término previsto”, dijo, refiriéndose a la creación, por ejemplo del registro único de entrada que se encarga de la recepción y reparto de documentación de los juzgados; del centro de estadísticas judiciales, que permite mejorar los índices de medición del sistema; de los programas de descongestión, para disminuir la mora; y de la supervisión de los procedimientos judiciales.

Pero, ¿qué cosas quedan pendientes?

“La justicia tiene una cantidad de gravámenes heredados y hay que continuar con los esfuerzos”, dijo el magistrado, para lograr los “cuatro valores básicos de la justicia”: la eficacia, la integridad, la rendición de cuentas y la excelencia.

¿Hay eficacia, integridad y se rinden cuentas en el sistema de justicia?

“Existen esfuerzos en ese sentido”, respondió Arjona, quien raramente contesta mirando a los ojos. Por el contrario, parece buscar los pensamientos en otra parte, mientras su discurso se asemeja a los de un fallo judicial.

“A diferencia de lo que pudiera ocurrir en otras áreas de la administración del Estado, la justicia tiene una serie de factores que complejizan cualquier transformación”, señaló.

Factores humanos y tecnológicos –falta de personal, políticas de integridad aún débiles y procesos de trabajo poco efectivos, por ejemplo– impiden una resolución rápida de los casos y, por ende, una percepción de la población de que la justicia es retardada. Injusta, al fin.

¿Y cuáles son, según usted, los obstáculos para hacer justicia?

“El tema de la conclusión de un proceso tiene que someterse a reglas previas que están instituidas para respetar el derecho de las partes. En ocasiones, las personas que están involucradas en los expedientes, la ley les reconoce posibilidades de interponer recursos, y ya es un tema de idiosincrasia que, no importa si el recurso tiene o no fundamento, la gente tiene la tendencia de ejercitarlo. Eso hace compleja la administración de justicia”.

Otro obstáculo es la falta de reconocimiento del funcionario judicial –“ahora puede estar ocurriendo que da igual el que lo hace bien, que el lo hace mal”, y por eso es necesario el impulso de la carrera judicial, pendiente de discusión en la Asamblea Nacional–, y, de pronto, la realidad de que hay jueces que no están sensibilizados y conectados con lo que esperan las partes.

Sobre la corrupción, Arjona fue comedido. “Sería injusto decir que hay una corrupción generalizada”, señaló. Pero, agregó, “hay problemas en ese tema que deben ser resueltos”, y a esta conclusión llega por el nivel de quejas que los usuarios formulan.

“La construcción y el fortalecimiento de un sistema judicial confiable y competente es una cuestión que toma tiempo y trabajo”, señaló Arjona, leyendo uno de los documentos publicados durante su gestión. “Una de las funciones más complejas y sagradas que pueden encomendársele a un hombre sobre la tierra es el de juzgar y decidir las disputas de sus semejantes”, continuó.

Por eso es que, tal vez, más que la mora y la integridad, más que la falta de incentivos al funcionario y o los procesos de trabajo ineficaces, o tal vez por todo esto junto, para Arjona lo más importante es combatir la percepción de impunidad que sufre el sistema judicial.

“La justicia tiene que tener en su mira los problemas de los índices de impunidad. No se puede continuar administrando justicia ignorando los efectos nocivos de la impunidad”, puntualizó.

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