GOBIERNO ESCONDE INFORMACIÓN

Informe excluyó crisis de Bocas

El Gobierno entregó a la ONU un informe sobre el estado de los derechos humanos. Dejó por fuera la crisis de Bocas y las denuncias por persecución.

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El Gobierno dejó por fuera la crisis en Bocas del Toro y las denuncias de persecución a sindicalistas, periodistas y miembros de la sociedad civil en el informe que entregó al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Aun cuando debía plasmar el estado de los derechos humanos en el país, el Gobierno obvió esa información, que ha ocupado las primeras planas de los periódicos en los últimos meses.

El documento fue enviado a la ONU el 29 de septiembre. Las protestas en Bocas del Toro por la oposición a la Ley 30 –que dejaron dos muertos y 200 heridos– fueron en julio, y las denuncias por persecución se han dado desde esa fecha.

La comisión –constituida por representantes de los tres órganos del Estado y presidida por el canciller, Juan Carlos Varela– incluyó las dos consultas ciudadanas realizadas el 12 y el 28 de mayo de este año entre el Gobierno, empresarios, obreros y la sociedad civil. También resaltó algunos programas ejecutados por este gobierno, como “100 a los 70”, la beca universal y el bono para la compra de útiles escolares. “Panamá mantiene un alto compromiso con la protección y promoción de derechos humanos”, concluye el documento oficial.

El 2 de noviembre, en Suiza Panamá deberá sustentar, ante las 47 naciones que integran el Consejo de Derechos Humanos, el estatus de este tema en el país. Esto, como parte del “Examen Periódico Universal” en el que, cada cuatro años, los países miembros de ese foro hacen recomendaciones a los estados sobre esta materia.

Ese día, el Consejo evaluará el documento del Gobierno y también uno que prepararon 14 organizaciones panameñas no gubernamentales, informó Carmen Villa Q., representante regional del alto Comisionado de los Derechos Humanos.

En este informe –elaborado por Alianza Ciudadana Pro Justicia y Transparencia Internacional, entre otras organizaciones– sí se incluyen las denuncias de persecución y la injerencia entre los órganos del Estado.

Magaly Castillo, directora ejecutiva de Alianza Ciudadana Pro Justicia, señaló que la audiencia será una buena oportunidad para que el Gobierno “recapacite y empiece a respetar los derechos humanos en el país”.

Este diario llamó al departamento de Relaciones Públicas de la Cancillería para conocer por qué se excluyeron temas del informe, pero prefirieron no declarar.

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