Insistirán en encarcelar a los que cierren las calles

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QUEJA. A diario, ciudadanos que no tienen acceso a servicios públicos cierran calles para exigir respuestas. LA PRENSA QUEJA. A diario, ciudadanos que no tienen acceso a servicios públicos cierran calles para exigir respuestas. LA PRENSA
QUEJA. A diario, ciudadanos que no tienen acceso a servicios públicos cierran calles para exigir respuestas. LA PRENSA

El artículo con el que se pretendió establecer una sanción de cárcel para las personas que como método de protesta cierren una calle, volverá a ser presentado ante la Asamblea Nacional, confirmó ayer José Luis Varela, presidente de ese órgano del Estado.

No obstante, Varela informó que la propuesta –que modifica el artículo 905 del Código Administrativo– llegará con algunas modificaciones para hacer menos rigurosa la sanción por obstruir el libre tránsito. Además, será presentada a través de un proyecto de ley.

Y es que la iniciativa de encarcelar por 365 días inconmutables a quienes participen en una “reunión tumultuosa que origine el cierre de calles y que impida el libre tránsito” generó una gran polémica, luego de que fuera presentada en la sesión del lunes pasado cuando se discutía el proyecto de ley sobre el récord policivo.

La proposición –que fue retirada tras ser calificada como un “camarón” legislativo del oficialismo– la hizo el diputado Agustín Sellhorn, esposo y suplente de Marylin Vallarino, de Cambio Democrático.

El presidente de la Asamblea manifestó que 365 días de cárcel es una sanción muy elevada, y que habría que definir en qué casos se puede aplicar días de cárcel inconmutables o conmutables, dependiendo de la gravedad de la afectación.

Sellhorn, en tanto, anunció que busca consenso entre sus colegas para convertir en realidad su propuesta. Pero no le será fácil. La polémica que se desató, alcanzó a sus colegas del oficialismo.

El diputado Miguel Fanovich, del co-gobernante Partido Panameñista, se mostró contrario a la propuesta de Sellhorn y pidió que antes de ser aprobada fuera consultada con los diferentes sectores de la sociedad.

Osman Gómez, también panameñista, señaló que bajo ninguna circunstancia aprobará una medida de ese alcance.

En el lado de la oposición no hay mejor suerte. El diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Rogelio Paredes recalcó que su partido “no está favoreciendo la tiradera de piedras, pero no pueden aprobar esa medida porque, las protestas son un derecho consagrado en la Constitución”.

La dirigencia obrera también rechazó la posibilidad de que se apruebe esta idea.

Gabriel Castillo, de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente, y Mariano Mena, del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados, consideran que con esta iniciativa se prepara el camino para reprimir al pueblo.

Castillo advirtió que el gobierno quiere retomar la época de la dictadura, cuando se perseguía a los sindicalistas; mientras que Mena asegura que con la aprobación de una medida con este alcance, el país estaría ante “una dictadura de extrema derecha”.

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