El MP objeta las reformas a la Ley 40

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Gretel Villalaz defendió la propuesta. LA PRENSA/Archivo Gretel Villalaz defendió la propuesta. LA PRENSA/Archivo
Gretel Villalaz defendió la propuesta. LA PRENSA/Archivo

El proyecto que reformaría la Ley 40 de 1999 sobre la responsabilidad penal de los adolescentes enfrentó ayer nuevos obstáculos.

Durante el inicio de su discusión en primer debate en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, el Ministerio Público (MP) presentó sus objeciones. La fiscal segunda de adolescencia, Aracelis Araúz, explicó a los diputados que forman parte de esta comisión, que la propuesta de rebajar de 14 a 12 años la edad para imputar a un menor -impulsada por el Ministerio de Gobierno y Justicia (Mingo)- no es necesaria porque las estadísticas indican que no existe un aumento en los delitos cometidos por menores.

Los datos citados -correspondientes a 2008- indican un registro de 349 casos de delitos cometidos por menores. Al compararse con la totalidad de la población menor de 18 años de edad (663 mil), se trata de únicamente el 0.05% del total de delitos ocurridos en el país.

Araúz agregó que la propuesta no establece programas de resocialización para los menores.

Las observaciones presentadas por escrito por el MP destacan que la comisión encargada de elaborar el proyecto solo revisó datos estadísticos y no se llegó a elaborar un texto único, por lo que el MP no avala la iniciativa.

La Ley 40 ha sufrido tres reformas, todas enfocadas en el aumento de las penas. Sin embargo, agrega el MP, en los 10 años de vigencia de esta norma no se han adoptado medidas esenciales para hacerla efectiva, como la creación de los juzgados penales adolescentes del tercer y cuarto distrito judicial, el juzgado de cumplimiento del interior, así como la cantidad de defensores de oficio especiales que establece la Ley 40.

Gretel Villalaz, directora de Asesoría Legal de Mingo, explicó que no les corresponde ver la parte de prevención, pero que la institución está dispuesta a colaborar en cualquier plan de resocialización, tanto para los adultos como para los menores.

Por su lado, el diputado de oposición Leandro Ávila calificó la propuesta como una “curita más” al problema de la inseguridad del país. “Este proyecto no contempla el aumento de penas, que es lo que reclama la ciudadanía”, agregó el diputado del Partido Revolucionario Democrático.

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