cedulación. asamblea aprueba traslado de partidas por 3.1 millones de dólares.

Magistrados del Tribunal Electoral modifican contrato

La Contraloría había devuelto el contrato porque las obligaciones del garante solidario eran confusas.

Erasmo Pinilla dijo que se enviará el contrato a la Contraloría para que lo apruebe por insistencia.

EXPLICACIÓN. Erasmo Pinilla, Eduardo Valdés y Gerardo Solís fueron a la Comisión de Presupuesto. EXPLICACIÓN. Erasmo Pinilla, Eduardo Valdés y Gerardo Solís fueron a la Comisión de Presupuesto.
EXPLICACIÓN. Erasmo Pinilla, Eduardo Valdés y Gerardo Solís fueron a la Comisión de Presupuesto.

Después de una larga polémica que incluyó la descalificación de un contratista, el choque entre dos tribunales y un diferendo con la Contraloría General de la República, los magistrados del Tribunal Electoral (TE) modificaron ayer el contrato con la empresa L-1 Identity Solutions Panama, S.A. tal y como lo había sugerido el fiscal de las finanzas públicas, Carlos Vallarino.

La decisión la tomaron en la tarde de ayer los magistrados en sala de acuerdo, horas después de que la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobara un traslado de partida por 3.1 millones de dólares a favor del TE para la adquisición del nuevo sistema de identificación ciudadana.

Este sistema, explicaron los magistrados, es prioridad toda vez que el sistema de registros de identificación ciudadana está copado y se avecinan más trámites antes de las elecciones de 3 de mayo de 2009.

El magistrado Erasmo Pinilla informó que se acogieron varias de las recomendaciones que hizo Vallarino y el contrato será devuelto hoy a la Contraloría para su debido refrendo por insistencia.

Una de las objeciones por la cuales fue devuelto el contrato al TE sin refrendar, es que las obligaciones del garante solidario eran confusas por lo que se redactó nuevamente la cláusula para dejarla más clara, explicó Solís. Vallarino objetó la falta de una certificación del Ministerio de Economía y Finanzas sobre la disponibilidad financiera, lo cual fue solventado por la decisión de ayer en la Asamblea.

El 6 de diciembre de 2007 los magistrados firmaron un contrato directo por 3 millones 695 mil dólares con L-1 para el nuevo sistema de identificación que permitiría al TE tener una tecnología más fiable. Ello luego de descalificar a Sagem, que inicialmente se había adjudicado el contrato.

En este caso no solo ha intervenido la Contraloría, que objetó el contrato, sino también el Tribunal de Contrataciones Públicas, que le dio la razón a Sagem. Ante esta situación el TE recurrió ante la Corte Suprema, que acogió el recurso en contra de ese tribunal administrativo, pero todavía no ha emitido un fallo de fondo.

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