propuesta modifica tres códigos y seis leyes orgánicas

Múltiples reformas en proyecto de aviación

La iniciativa legal del Ejecutivo incluye modificaciones a normas ambientales, penales, laborales, judiciales y administrativas.

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sesión. El ministro de Gobierno, José Raúl Mulino, habló solo de los beneficios del proyecto sobre la aviación comercial y guardó silencio sobre las otras reformas. LA PRENSA/Eduardo Grimaldo sesión. El ministro de Gobierno, José Raúl Mulino, habló solo de los beneficios del proyecto sobre la aviación comercial y guardó silencio sobre las otras reformas. LA PRENSA/Eduardo Grimaldo
sesión. El ministro de Gobierno, José Raúl Mulino, habló solo de los beneficios del proyecto sobre la aviación comercial y guardó silencio sobre las otras reformas. LA PRENSA/Eduardo Grimaldo

Una caja de Pandora resultó ser el proyecto de ley que, según su proponente el ministro de Gobierno y Justicia, José Raúl Mulino, tiene como objetivo promover la aviación comercial.

Nada dijo, sin embargo, de las importantes materias que el documento pretende modificar y que incluyen tres códigos –Penal, de Trabajo y Judicial– y seis leyes, entre ellas la Ley Orgánica de la Policía, la que crea el Tribunal de Cuentas, la ley marco de servicios públicos y la Ley General del Ambiente.

Las modificaciones propuestas al Código de Trabajo cambian las reglas que rigen los procesos de huelga para, entre otras cosas, evitar el cierre de las empresas durante este tipo de protestas.

Con relación al Código Penal, se aumentan las penas por falsificación de pasaportes, cédulas o licencias de conducir, y se penaliza con cárcel a los viajeros que introduzcan más de $10 mil al país sin declararlos.

El proyecto también cambiaría la Ley Orgánica de la Policía, para impedir su detención por la presunta comisión de delitos durante el ejercicio de sus funciones.

Otro importante tema que se modificaría con el proyecto propuesto, es el relativo a los estudios de impacto ambiental. La norma modificaría la Ley 41 de 1998 General de Ambiente, para que los proyectos que el Ejecutivo considere de interés social no requieran de estudios de impacto ambiental.

La norma también modificaría la ley que crea el Tribunal de Cuentas, permitiéndole al Ejecutivo remo ver al fiscal de Cuentas.

El método utilizado por el Ejecutivo para cambiar, mediante una ley ordinaria, varios códigos, fue criticado por el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Rubén Elías Rodríguez.

Rodríguez aludió a las disposiciones constitucionales que estipulan que los códigos Judicial y Penal deben ser aprobados a través de leyes orgánicas por iniciativa de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Procurador de la Nación o el de la Administración.

Por su parte, la ex magistrada de la Corte Aura Emérita de Villalaz, calificó el proyecto como “una macarronada”, asegurando que es “totalmente absurdo” que se introduzcan en una misma ley, reformas a códigos y a leyes orgánicas.

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