Gobierno no acepta sugerencia de suspensión de la obra

ONU dice que se violó el derecho indígena

El proyecto Chan 75, que construye la empresa Aes Changuinola, es cuestionado por los inadecuados procesos de consulta y reubicación.

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OBRA CIVIL. La represa que se construye sobre el río Changuinola terminará inundando mil 300 hectáreas de áreas protegidas. LA PRENSA/David Mesa OBRA CIVIL. La represa que se construye sobre el río Changuinola terminará inundando mil 300 hectáreas de áreas protegidas. LA PRENSA/David Mesa
OBRA CIVIL. La represa que se construye sobre el río Changuinola terminará inundando mil 300 hectáreas de áreas protegidas. LA PRENSA/David Mesa

Los terrenos que hace 40 años han ocupado cuatro comunidades indígenas en Changuinola, provincia de Bocas del Toro, quedarán bajo el agua a finales de 2010.

Para esa fecha, la empresa Aes Changuinola tiene previsto inundar las tierras para el embalse del proyecto hidroeléctrico Chan 75 (Changuinola 1), que construye en la zona.

Debido, precisamente, a las implicaciones sobre los derechos de los indígenas que tiene la construcción de la hidroeléctrica, el proyecto fue analizado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El pasado 12 de mayo, el relator especial para los Derechos Humanos de la ONU, James Anaya, emitió un informe en el que establece que el Estado panameño incumplió normas internacionales sobre derechos indígenas durante el proceso de reubicación de algunas comunidades.

Las comunidades afectadas por el proyecto son Charco La Pava, Valle del Rey, Guayabal y Changuinola Arriba, en las que vivían unas 170 familias, de las cuales 92 han sido ya reubicadas, según la empresa.

Además de estas cuatro comunidades, otras cuatro (Nance de Riscó, Valle de Riscó, Guayacán y Bajo la Esperanza) serán afectadas por el proyecto “en la medida en que sus alrededores experimentarán transformaciones significativas”.

Además del tema de las reubicaciones, el documento detalla que se vulneraron los derechos en el proceso de consulta y consentimiento, en las indemnizaciones, en la adopción de medidas de mitigación, en la participación de beneficios, en el derecho a la tierra, a los recursos naturales y la seguridad física.

“Las consultas que se han llevado a cabo pudieron no ser adecuadas”, señala el documento.

Frente a estas irregularidades, la ONU recomienda al Estado evaluar la posibilidad de suspender la obra.

Para conocer la versión de la Cancillería se contactó a su jefe de Comunicación, James Aparicio, a quien se le envió un cuestionario vía correo electrónico. La solicitud no fue contestada.

Sin embargo, se tuvo acceso al informe que el Gobierno mandó a la ONU como respuesta. En este documento, el Gobierno señala que la solicitud de suspensión de la obra resulta “improcedente” porque la empresa “no ha incumplido sus obligaciones legales, contractuales y regulatorias”. Además, aduce, se trata de “un proyecto de interés nacional”.

El Gobierno dice, además, que las comunidades sí recibieron la información y oportunidad de ser oídas.

Javier Giorgio, gerente País de Aes, y Jaime Tupper, vicepresidente de la empresa para Centroamérica y el Caribe, reconocieron que el proceso ha sido “muy complicado”, pero aseguran que los reasentamientos se hicieron con la aprobación de los indígenas.

Ambos directivos concordaron en señalar que todo este proceso le ha costado a la empresa $18 millones más de lo previsto.

Dentro del presupuesto total –de 560 millones de dólares–, Aes había destinado $12 millones para aspectos sociales, entre ellos reubicar e indemnizar a las familias afectadas. Esa suma, según los ejecutivos, ya alcanza los $30 millones.

Aun así, Giorgio y Tupper aseguran que se sienten confiados en las negociaciones, y afirman que no se ha roto el diálogo y que lograrán acuerdos con todas las familias antes de que llegue el momento de inundar el área.

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