Sectores profesionales y académicos rechazan el proyecto de ley por inconsulto

Objetan ley de abogacía

La propuesta crea un consejo técnico para el otorgamiento de la idoneidad y la aplicación de un examen de suficiencia profesional.

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PROTESTAS. Estudiantes de derecho de la Universidad de Panamá rechazaron el proyecto de ley que intenta regular el ejercicio de la abogacía en Panamá. LA PRENSA/Maydée Romero PROTESTAS. Estudiantes de derecho de la Universidad de Panamá rechazaron el proyecto de ley que intenta regular el ejercicio de la abogacía en Panamá. LA PRENSA/Maydée Romero
PROTESTAS. Estudiantes de derecho de la Universidad de Panamá rechazaron el proyecto de ley que intenta regular el ejercicio de la abogacía en Panamá. LA PRENSA/Maydée Romero

El proyecto de ley que intenta regular el ejercicio de la abogacía sufrió su primer tropiezo, ayer, en el debate convocado por la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional.

La propuesta abarca aspectos éticos, de colegiación profesional, un mínimo de años de estudios universitarios y crea un consejo técnico para el otorgamiento de la idoneidad y la aplicación de un examen de suficiencia profesional, entre otros.

La presidenta del Colegio Nacional de Abogados, Marta López de Martin, defendió la propuesta como una vieja aspiración del gremio frente a los casos de faltas a la ética y a la pobre formación académica que reflejan algunos abogados.

Sin embargo, enfrentó el rechazo de los participantes, entre ellos, las rectoras Rosario Coya Navarro y Xiomara de Arrocha, de la Universidad Panamericana, e Isae Universidad, respectivamente; del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, Jacinto Espinosa; del docente y jurista Carlos Muñoz Pope; del presidente del Centro de Derecho de esta facultad, Carlos Bichett, además de Alberto Mendoza, vocero del Sindicato de Abogados.

La principal objeción fue la falta de consulta del texto entre los sectores interesados, por lo que se solicitó la suspensión de este o su archivo.

Tanto la rectora Coya Navarro, como la rectora Arrocha, sostuvieron que la Ley 30 de 2006, y su posterior reglamento, crean mecanismos para supervisar y fiscalizar el funcionamiento de las universidades particulares, y que los artículos 10, 30 y 73 del proyecto violentan estas normas al permitir que el gremio de abogados y el Gobierno busquen regular lo académico de la formación del futuro abogado.

El decano Espinosa cuestionó la pretensión del proyecto de forzar la colegiación de los abogados y recordó que ya la Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre la inconstitucionalidad de esta medida. También, objetó el examen de suficiencia profesional, al igual que el otorgamiento de la idoneidad, lo cual ya figura en el Código Judicial.

Carlos Bichett, presidente del Centro de Estudiantes de Derecho, calificó el examen de anacrónico e impráctico, y agregó que este expone el ejercicio de la profesión al elitismo y al mercantilismo.

Debido a que el proyecto incluye el ejercicio de firmas de abogados extranjeros en Panamá, Alberto Mendoza, del Sindicato de Abogados de Panamá, aseguró que el texto obedece a intereses de grandes bufetes que abanderan naves y representan a multinacionales.

Pero Jerry Wilson Navarro, presidente de la Comisión de Gobierno, pidió reflexión a los presentes y que sigan participando de las consultas para que no muera la intención de mejorar la ley del ejercicio de la carrera.

Según Espinosa, en Panamá la cifra de abogados ya roza los 12 mil.

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