Caso Solís Palma.

Oposición critica opinión del procurador Ceville

Los dirigentes censuraron la aplicación selectiva de la llamada ley Faúndes a los funcionarios.

Óscar Ceville Óscar Ceville
Óscar Ceville

Leonardo Flores José González Pinilla panorama@prensa.comLos dirigentes políticos de oposición criticaron ayer la opinión del procurador de la Administración, Óscar Ceville, en la que determinó que el asesor del Ministerio de Educación Manuel Solís Palma no es un servidor público, y que por tal razón no se le puede aplicar la llamada ley Faúndes.

El copresidente de Unión Patriótica, José Raúl Mulino, dijo que lo expresado en la nota que Ceville envió este martes al contralor general, Dani Kuzniecky, es una burla más y un precedente nefasto en el campo del derecho administrativo.

Según Mulino, el Partido Revolucionario Democrático (PRD) interpreta las leyes a su conveniencia, a través de sus funcionarios, para amparar estas irregularidades.

Como ejemplo, Mulino citó el caso del magistrado de la Corte Suprema César Pereira Burgos, a quien sí se le aplicó la norma que obliga a los servidores a retirarse al cumplir 75 años.

"Solís Palma fue el último de los títeres de Noriega y parecen deberle aún lealtad y fidelidad política", aseguró Mulino.

La presidente del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena), Gisela Chung, dijo que es una vergüenza para los políticos la opinión de Ceville, ya que la ley es clara y no admite ningún tipo de interpretación.

"Lo que causa malestar es que sea aplicable para unos y para otros no [...] la Constitución es clara y establece quiénes son servidores públicos", dijo Chung.

En tanto, el presidente de Cambio Democrático, Ricardo Martinelli, manifestó que el PRD crea las leyes para su provecho y las utilizan o descartan, según les conviene.

Por su lado, la secretaria de Transparencia contra la Corrupción, Alma Montenegro de Fletcher, prefirió no expresar su opinión acerca de la aplicación de la ley Faúndes al asesor Solís Palma.

Montenegro de Fletcher solo se limitó a explicar que ahora la decisión final la tendrá el Contralor.

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