CRISIS. ARNULFISMO RECOMIENDA SUSPENDER LA LEY.

Oposición pide un diálogo

Los partidos Cambio Democrático y Liberal Nacional piden a la Iglesia católica que intervenga.

El presidente encargado de Solidaridad, José R. Mulino, dijo que el Gobierno debe reconocer que se equivocó.

El 31 de mayo, Aníbal Galindo y Carlos Orillac (PLN), Ricardo Martinelli (CD) y José Mulino (Solidaridad) hicieron una vigilia contra las reformas en la Iglesia del Carmen. El 31 de mayo, Aníbal Galindo y Carlos Orillac (PLN), Ricardo Martinelli (CD) y José Mulino (Solidaridad) hicieron una vigilia contra las reformas en la Iglesia del Carmen.
El 31 de mayo, Aníbal Galindo y Carlos Orillac (PLN), Ricardo Martinelli (CD) y José Mulino (Solidaridad) hicieron una vigilia contra las reformas en la Iglesia del Carmen.

La oposición política responsabilizó al presidente, Martín Torrijos, de la crisis que vive el país. La razón: "imponer por la fuerza" la Ley 17 que reforma el régimen jurídico de la Caja de Seguro Social (CSS). Igualmente pide que la Iglesia católica sea mediadora, tal y como ésta lo ofreció durante el fin de semana pasado.

La crisis mantiene enfrentado al gobierno, liderado por el presidente Torrijos y el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y su aliado el Partido Popular (PP), con un grupo de organizaciones y gremios unidos en el llamado Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENADESSO).

Los partidos opositores Cambio Democrático (CD) y el Liberal Nacional (PLN) mencionaron la necesidad de que una entidad que goce de la confianza de todos los panameños –como la Iglesia católica– lidere el diálogo.

"La Iglesia [católica] puede ser el conducto, ya que el país está atravesando por una peligrosa situación de inestabilidad al polarizarse el tema de la CSS", comentó Roberto Henríquez, de CD.

Frente a la posición intransigente de ambas partes, Henríquez considera que "al Gobierno le toca abrir el compás del diálogo y, a continuación, al movimiento popular –que coincide con la mayoría de los panameños– le corresponde flexibilizar su posición".

Henríquez concluyó que "la intransigencia y la imposición del partido gobernante han engendrado el resentimiento generalizado".

Mientras, el presidente del PLN, Aníbal Galindo, informó que la directiva de esa organización había sostenido una reunión para analizar la situación nacional, y había llegado a la conclusión de que "el diálogo es impostergable".

Galindo también mencionó la necesidad de que la Iglesia católica sea la vía utilizada para realizar el diálogo.

Otro dirigente de la oposición, el presidente encargado de Solidaridad, José Raúl Mulino, comentó que la incertidumbre que reina en el país no es más que la "tempestad de los vientos sembrados".

A pesar de ello, Mulino no ve viable la derogación de la polémica Ley 17 y recomendó al Ejecutivo que "reflexione y reconozca el error cometido". Mulino agregó que si el Gobierno aceptaba esa posición, "no sería tomado como una derrota política".

"Lo importante es que el presidente Torrijos logre sentar a la mesa del diálogo a todos los grupos que presentaron propuestas reales y responsables para mejorar la ley que se aprobó", concluyó el dirigente.

Finalmente, el panameñista Marco Ameglio se sumó a los señalamientos de sus colegas, agregando que respaldaría las iniciativas que se produzcan en esa vía.

"Esperamos que haya una salida a este conflicto, porque aquí nadie puede afincarse en posiciones radicales", afirmó.

Voces de la Asamblea

Algunos miembros del Órgano Legislativo también se pronunciaron sobre la grave crisis que enfrenta el país.

El jefe de la bancada panameñista, José Luis Varela, recomendó al Ejecutivo que suspenda la ley que rige la CSS y que haga un diálogo nacional para encontrar un consenso y salir del caos que vive el país.

Para Varela, el diálogo propuesto podría tener como resultado un proyecto de consenso que, aseguró, "tendría paso expedito en la Asamblea, ya que contaría con la opinión de todos los sectores".

Sin embargo, desde la Asamblea, el mayoritario Partido Revolucionario Democrático (PRD) no parece tener intención de buscar un cambio para la ley recién aprobada.

Así lo informó ayer el jefe de la bancada PRD, Freidi Torres, quien fue categórico al señalar que el Gobierno no va a derogar la ley, que mantendrá el orden y que no permitirá los cierres de calle.

"Vivimos en un régimen democrático en el que unos son gobierno y otros son gobernados... y quien gobierna en estos momentos es el que pone las condiciones... Lo que quieren estos grupos es obtener el poder a través del radicalismo", concluyó el diputado del PRD.

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