¿QUÉ PASÓ CON...? Un escándalo ‘congelado’ en la Corte

La procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, responsabilizó a su antecesor, José Antonio Sossa, de truncar las investigaciones sobre el caso Cemis, al usurpar facultades propias de los tribunales de justicia.

BOCHORNO. Fajos de billetes, como los que mostró Carlos Afú, habrían servido para aprobar el Cemis. BOCHORNO. Fajos de billetes, como los que mostró Carlos Afú, habrían servido para aprobar el Cemis.
BOCHORNO. Fajos de billetes, como los que mostró Carlos Afú, habrían servido para aprobar el Cemis.

En el mes de enero de 2002, la presidenta de la República de ese entonces, Mireya Moscoso, sancionó y refrendó la ley que creó el Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (Cemis) en la provincia de Colón, donde se desarrollaría la obra.

Lo que las autoridades de ese momento no imaginaban era que el ambicioso proyecto se convertiría en uno de los escándalos más sonados de la administración de Moscoso.

Un día después de la sanción, el 16 de enero de 2002, el legislador Carlos Afú decidió abrir la cajita de Pandora para destapar el escándalo. Confesó, con plata en mano, que recibió seis mil dólares a cambio de su voto para la aprobación del contrato-ley entre el Estado y el Consorcio San Lorenzo.

En su confesión, Afú aseguró que no había sido el único diputado que recibió dinero. El contrato-ley fue aprobado por el pleno de la Asamblea Nacional el 30 de diciembre de 2001.

Una vez desarrollado el caso, en el Ministerio Público se abrieron dos investigaciones de oficio paralelas para deslindar responsabilidades penales sobre los hechos denunciados.

El primero de los expedientes se relacionaba con las denuncias hechas por Afú, y la otra investigación se enfocaría con las declaraciones públicas dadas el 9 de enero de 2002 por la ex legisladora Balbina Herrera, quien acusó a varios miembros del Partido Revolucionario Democrático (PRD) de haber recibido dinero a cambio de votar en favor de las ratificaciones de los magistrados de la Corte Suprema, Alberto Cigarruista y Winston Spadafora.

Posteriormente, el ex procurador general de la Nación José Antonio Sossa, mediante una resolución, acumuló los casos de supuesto soborno de los diputados para aprobar el CEMIS y la supuesta entrega de dinero para ratificar en la Asamblea a los magistrados Cigarruista y Spadafora.

En el año 2003 se conoce el fallo de la Corte Suprema de Justicia que anula la investigación y ordena el archivo tanto del caso CEMIS como el de los supuestos sobornos pagados por ratificar a los magistrados en mención.

Los magistrados Aníbal Salas, José Troyano, Graciela Dixon y César Pereira Burgos, así como los magistrados suplentes Virgilio Trujillo (de Alberto Cigarruista) y Jacinto Cárdenas (de Winston Spadafora) firmaron el fallo. Salvaron su voto Adán Arnulfo Arjona, Arturo Hoyos y el hoy difunto Rogelio Fábrega.

Un año y cinco meses después, 13 organizaciones de la sociedad civil pidieron formalmente a la nueva procuradora, Ana M. Gómez, que reanudara las investigaciones del caso CEMIS que fue archivado por la decisión de seis magistrados de la Corte.

Luego de la petición de las organizaciones, Gómez solicitó al máximo tribunal la reapertura o, en su defecto, el inicio de nuevas sumarias sobre el escándalo.

La procuradora responsabilizó a su antecesor José Antonio Sossa de "truncar" las investigaciones sobre el caso. Pese a la petición de la jefa del Ministerio Público, aún no hay respuesta por parte de la Corte Suprema.

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