informe del estado panameño sobre derechos humanos en ginebra

Panamá, en la vitrina pública

La titular de Gobierno sorprendió al incluir en su versión los sucesos de Bocas del Toro y las tensiones con los medios de comunicación.

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En una sala cubierta de silencio, la voz de la ministra de Gobierno, Roxana Méndez, resonó leyendo pausada pero firme el reporte oficial del Estado panameño ante los 47 miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el Examen Periódico Universal que se llevó a cabo este martes, Día de los Difuntos, en el Palacio de las Naciones Unidas en la helada ciudad de Ginebra.

La versión oficial se inició con el reconocimiento del valor de los derechos humanos para la consolidación de la democracia, la conquista de la paz y su vigencia.

Se pasó revista de lo que se describió como los logros del país en materia de derechos humanos relativos a la situación de la mujer respecto a la prevención y sanción de la violencia en su contra, la discriminación y la falta de equidad en la representación y participación política.

También se reportaron avances y los esfuerzos que se realizan respecto de los derechos al trabajo, a la salud, la protección a la niñez, la educación, el cuidado de los más vulnerables y los derechos de los pueblos. Todos tópicos predecibles.

La sorpresa llegó con la inclusión de temas más delicados y menos halagadores: los incidentes de violencia suscitados en Bocas del Toro, en julio, en los que se demandaba la derogatoria de la Ley 30, y las tensiones con los medios de comunicación.

Sin que se notara un cambio en el tono, la ministra Méndez detalló: “Dichos acontecimientos [Bocas del Toro] dejaron un saldo de dos personas fallecidas, más de un centenar de heridos, 76 personas afectadas de la vista, 2 con pérdida permanente, y 56 policías heridos”.

Saldo que discrepa con las conclusiones de la comisión independiente que dirigió Roberto Troncoso, ex presidente de la Comisión Panameña de Derechos Humanos, y que reportó 767 heridos; y la sospecha de que hay al menos otros cinco muertos.

Junto con el reporte de los incidentes de Bocas, la representante panameña señaló las acciones que tomó el gobierno de Ricardo Martinelli para mitigar las consecuencias de lo ocurrido, citando la creación de la Comisión especial para la mesa del diálogo, la comisión especial que investigó lo sucedido y otras.

Especial hincapié puso la ministra en el renglón de libertad de expresión. Señaló que el Estado panameño “tiene el firme compromiso de preservar, promover y proteger la libertad de expresión, como también el derecho a la información”.

Incluso apuntó que Panamá ha tenido avances legislativos importantes en materia de libertad de expresión. Aseguró: “El Estado desea expresar que no existe una política de persecución de periodistas en Panamá”. Y esta aseveración se resaltó en negritas en la versión escrita que se distribuyó en la sala.

Delegados de 34 países comentaron el reporte panameño. No faltaron los elogios por la “posición valiente y franca” del Estado panameño. Pero otros hicieron serios señalamientos sobre temas clave: Libertad de expresión (Francia, Canadá, Reino Unido); Estado del sistema penitenciario; Bocas del Toro (Alemania, Eslovaquia, Noruega, Estados Unidos, Canadá); Separación de poderes (Italia).

Y uno de los tópicos más abordados fue el llamado a ratificar el Protocolo facultativo a la Convención contra la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes firmado en septiembre. También se hizo hincapié en los derechos de los trabajadores migrantes y discapacitados.

La sesión cerró con la jefa de la delegación panameña comprometiéndose, en nombre de su Gobierno, a fortalecer el ordenamiento jurídico con la adopción y ratificación de los instrumentos internacionales pendientes para la protección de los derechos humanos.

Además, la Comisión interinstitucional, que se creó para hacer el informe que ayer se presentó, se hará permanente para darle seguimiento a las recomendaciones y compromisos, con la participación de la Defensoría del Pueblo y con los representantes de la sociedad civil.

Mañana, 4 de noviembre, Panamá sellará los compromisos con la adopción de las recomendaciones emanadas del Consejo de Derechos Humanos.

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