EXPRESIDENTE AMPLIÓ DECLARACIÓN JURADA EN EL CASO CEMIS

Pérez B. dijo no requerir autorización para grabar

La ley tipifica como delito el uso de artificios técnicos para la grabación de conversaciones no dirigidas al público.

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DILIGENCIA. El exjefe de Estado acudió el jueves de la semana pasada a la Corte Suprema de Justicia, a fin de comparecer ante el despacho del magistrado Zamorano. LA PRENSA/Ana Rentería DILIGENCIA. El exjefe de Estado acudió el jueves de la semana pasada a la Corte Suprema de Justicia, a fin de comparecer ante el despacho del magistrado Zamorano. LA PRENSA/Ana Rentería
DILIGENCIA. El exjefe de Estado acudió el jueves de la semana pasada a la Corte Suprema de Justicia, a fin de comparecer ante el despacho del magistrado Zamorano. LA PRENSA/Ana Rentería

Por primera vez desde 2006, el ex- presidente Ernesto Pérez Balladares dio detalles sobre las grabaciones que hizo a sus entonces copartidarios Carlos Afú y Miguel De La Hoz respecto al supuesto pago de sobornos para la aprobación del contrato del Cemis en el año 2002, y concluyó que él no necesitaba autorización para hacerlas.

En efecto, el exmandatario habló del tema tras ampliar el pasado jueves 26 de mayo su declaración jurada ante el magistrado fiscal de este caso, Abel Zamorano, y dijo textualmente: “lo que se dice en las grabaciones son cien por ciento verdad (sic), no son parcialmente verdad, y dentro de un recinto privado, por las razones que yo quiera, puedo grabar a quien yo decida o tomar fotografías a quien yo decida. Para eso no necesito autorización”.

En respuesta a la siguiente pregunta del magistrado, Pérez Balladares aclaró, incluso, que se refería no solo a las grabaciones de los encuentros con Afú y De La Hoz, sino “con relación a cualquier conversación”.

Hasta ese momento, el exjefe de Estado había preferido no pronunciarse en detalle sobre las grabaciones y recordaba a los periodistas su decisión de entregar las grabaciones en 2009 a la entonces procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, quien más tarde haría lo propio y las remitiría a la Corte Suprema de Justicia.

Sobre esta materia, el artículo 164 del Código Penal dice: “quien posea legítimamente una correspondencia, grabación o documentos privados y de carácter personal, no destinados a la publicidad, aunque le hubieran sido dirigidos, y los haga públicos sin la debida autorización y de ello resultare un perjuicio, será sancionado con 200 a 500 días-multa o arresto de fines de semana”.

Además, el artículo 165 del mismo Código Penal indica: “quien, sin contar con la autorización de la autoridad judicial, intercepte comunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción de conversaciones no dirigidas al público será sancionado con pena de dos a cuatro años de prisión”.

La exprocuradora Gómez lo resumió así: “es cierto, en un recinto privado cualquiera puede grabar o filmar, pero siempre que las personas que entren en ese recinto privado sepan que están siendo grabadas o escuchadas. Si no lo saben, esas conversaciones no pueden ser destinadas al público. Si lo supieran de antemano, estarían dando una autorización tácita”.

Se contactó al abogado del exmandatario, Luis Carlos Cabezas, para que diera una versión sobre este particular, pero dijo que devolvería la llamada y no lo hizo.

Tras la entrega de las grabaciones al Ministerio Público, De La Hoz denunció a Pérez Balladares por delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad. La denuncia fue presentada en enero pasado y tres meses más tarde, en abril, dos personeras se habían declarado impedidas para conocer el caso.

En la denuncia, De La Hoz dijo que las grabaciones no fueron aprobadas por una autoridad competente.

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