Dos días de búsqueda terminaron con una comparecencia ‘voluntaria’

Pérez B. huyó hasta de sus escoltas

Casi 50 unidades participaron en la búsqueda del ex presidente; él dice que en todo momento estuvo en su casa de Altos del Golf.

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COMPARECENCIA. Pérez B., satisfecho, responde a los medios a la salida de la fiscalía, y en total libertad. LA PRENSA/Edward Ortiz COMPARECENCIA. Pérez B., satisfecho, responde a los medios a la salida de la fiscalía, y en total libertad. LA PRENSA/Edward Ortiz
COMPARECENCIA. Pérez B., satisfecho, responde a los medios a la salida de la fiscalía, y en total libertad. LA PRENSA/Edward Ortiz

Muchas preguntas y pocas respuestas es el saldo de la “indagatoria” del pasado martes en la noche, a Ernesto Pérez Balladares.

El ex gobernante dijo que compareció “voluntariamente”, aunque la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), la Policía Nacional y el Servicio de Protección Instiotucional (SPI) tenían 36 horas de estar buscándolo en la capital y en el balneario de Punta Barco, para que atendiera la indagatoria requerida por el fiscal especializado contra la Delincuencia Organizada, José Ayú Prado.

Se supone que con Pérez Balladares siempre están los tres escoltas del SPI, que por decreto ley le asigna la institución –en realidad, tiene derecho a 12–, a fin de “preservar su vida e integridad personal”. Ninguno de ellos, sin embargo, pudo ayudar a sus superiores a ubicar al ex mandatario.

Jaime Trujillo, jefe del SPI, expresó que los tres escoltas rindieron un informe, en el que señalaron que desconocían el paradero de su custodiado, los dos días que se le buscó por cielo y tierra.

Trujillo aseguró que no es cierto que Pérez Balladares estuvo todo ese tiempo en su residencia en Altos del Golf.

Pérez Balladares dijo a la salida de su cita con el fiscal, que mientras la policía lo buscaba, él estaba en su residencia ubicada “en Avenida República de la India, casa número 18”, en Altos del Golf, San Francisco.

“Yo estaba aquí en mi casa, esperando que me notificaran”, repitió a los periodistas que lo esperaban ayer en el portón de su casa, mientas hacía un alto en sus ejercicios matutinos.

Fuentes consultadas de la DIJ informaron que ellos sí fueron a la residencia del ex mandatario, pero que estaba custodiada por efectivos del SPI, por lo que dieron “por descontado” que en ese lugar no había nadie.

Sin embargo, hay un informe policial en el que consta que el personal doméstico informó que su jefe había salido de la casa a las 9:00 de la mañana.

Javier Carrillo, jefe de la DIJ, se limitó a decir que se hizo todo lo pertinente para cumplir con la orden de conducción de la fiscalía, pero que Pérez Balladares “no esta localizable”.

En tanto, Gustavo Pérez, director de la Policía Nacional, aseguró que los agentes de la DIJ asistieron a todas las propiedades del ex presidente.

“Sí fueron... en todo momento el objetivo era notificarlo de la orden de conducción”, sostuvo.

Este operativo de búsqueda también incluyó la casa de playa de la familia, en Punta Barco, Chame, en cuyo exterior se apostaron unos 10 agentes de la Policía Nacional.

Varios testigos le contaron a este diario que vieron cuando el ex presidente abandonaba Punta Barco en la mañana del 28 de diciembre, poco después de conocer la orden de conducción e indagatoria en su contra.

Otras fuentes informaron que el mandatario estaba en la playa con varios familiares, y se les “escabulló” a sus escoltas del SPI.

En medio de esta situación, otros agentes policiales se trasladaron al aeródromo de Chame para tratar de impedir que escapara vía aérea. Otro grupo de policías vigilaba una finca del ex presidente localizada en San Carlos, y la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) envió inspectores a la marina de Flamenco, en Amador, para custodiar el barco Mr. Bull.

Pese a que casi 50 agentes participaron en la búsqueda, nunca lograron dar con Pérez Balladares.

Lo mismo ocurrió con el ex ingeniero municipal del distrito de Panamá Jaime Salas, que también acudió “voluntariamente” a declarar ante el mismo fiscal Ayú Prado, casi dos semanas después de que se activara la orden de conducción en su contra.

Sin embargo, en el caso del ex ministro Salvador Rodríguez, otro de los requeridos por el Ministerio Público para ser indagado, a la Policía Nacional solo le tomó unas horas ubicarlo en su residencia en Villa de las Fuentes.

Los abogados de Pérez Balladares negaron que existiera un “acuerdo” para no ordenar la detención preventiva de su cliente, aunque ellos mismos, en todo momento y hasta minutos antes de comparecer ante el fiscal, expresaron su temor de que esto ocurriera.

De PECC a Lucky Games En noviembre de 2003, la Contraloría General de la República cauteló bienes y cuentas de Ernesto Pérez Balladares por $6.5 millones, tras vincularlo con la empresa Ports Engineering & Consultants Corp. (PECC).

Alvin Weeden –contralor que ordenó la cautelación– recordó que parte del dinero que estaba a nombre del ex presidente, “venía de los casinos”.

“Cuando cautelamos a Pérez Balladares por casi $7 millones, encontré cuentas por 20 millones [que no estaban en su declaración jurada de bienes]. Parte de esos millones venían de los casinos”, reiteró ayer en Canal 2.

Weeden contó a este diario que una semana después de la cautelación, Shelf Holding Inc. abrió su primera cuenta en Banco del Istmo. Opinó que Pérez Balladares creó la nueva sociedad, exclusivamente para continuar recibiendo los beneficios de Lucky Games.

Weeden no pudo hurgar más, porque en 2004 la Corte cerró la investigación penal sobre PECC, alegando que Pérez B. tenía “inmunidad” del Parlacen. El ponente no era otro que José Troyano, esposo de la secretaria privada de Pérez Balladares.

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