Piden que la OEA visite Panamá; Cochez reconoce que la justicia no es ‘perfecta’

Ayer, en Washington, se habló de la violación a la independencia judicial, de pactos irrespetados, de impunidad y de poca tolerancia a las críticas.

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AUDIENCIA. Postema, Salazar, Castillo y Bernal denunciaron anomalías en la administración de justicia. LA PRENSA/David Mesa AUDIENCIA. Postema, Salazar, Castillo y Bernal denunciaron anomalías en la administración de justicia. LA PRENSA/David Mesa
AUDIENCIA. Postema, Salazar, Castillo y Bernal denunciaron anomalías en la administración de justicia. LA PRENSA/David Mesa

La Alianza Ciudadana Pro Justicia y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) que realice una “visita in loco” a Panamá, para constatar todas las “amenazas” a la independencia judicial denunciadas ayer durante una audiencia en ese organismo regional.

Las “visitas in loco” son un método utilizado por la OEA para dilucidar los hechos denunciados e investigar las circunstancias que los rodean, como paso previo para consignarlos en un informe final a la comunidad internacional.

La audiencia sobre la situación actual de la justicia panameña fue realizada por una solicitud enviada a la Comisión, el 23 de enero pasado, por Magaly Castillo y Katya Salazar, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia y DPLF, respectivamente. Ayer se hicieron acompañar por Mirte Postema, de DPLF, y el catedrático Miguel Antonio Bernal.

El grupo denunció que la justicia panameña “padece de ineficiencia, lentitud y burocratización excesiva”, agravada por la interferencia del Ejecutivo en asuntos que competen solo al Órgano Judicial, casos de posible corrupción judicial no investigados, reformas no implementadas, pactos irrespetados, magistrados nombrados con criterios desconocidos, impunidad creciente y una clima de intolerancia e intimidación frente a las críticas ciudadanas.

Fue mucho lo que el grupo quiso denunciar en los 20 minutos que se les permitió para su presentación, aunque Castillo subrayó que “la independencia judicial es realmente lo que nos trae acá”.

Bernal dijo que este era “un mensaje de alerta” tanto a los panameños como para el resto de la región, y puntualizó que “no puede haber independencia judicial donde hay corrupción”.

Además de la “visita in loco”, el grupo también pidió a la comisión que pregunte al Estado panameño cuándo reinstalará la mesa de diálogo para la implementación del Pacto de Estado por la Justicia, así como la comisión interinstitucional para la implementación de la reforma procesal penal. También piden que se suspenda un concurso para contratar 43 jueces, hasta que sea aprobada la ley de carrera judicial que actualmente está en primer debate legislativo.

También hubo una mención para el caso de la procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, que ­como resumió Salazar­ fue destituida en un proceso que se resolvió en cinco horas. “Este es un caso paradigmático de rapidez judicial”, remarcó.

Una de las abogadas de Gómez estaba presente en la sala de audiencia pero no participó en ella.

Por el Gobierno panameño respondió Guillermo Cochez, embajador en la OEA, quien estuvo flanqueado por múltiples funcionarios enviados especialmente a Washington. De estos, el único que habló brevemente fue Ricardo Quirós, de la Procuraduría de la Administración.

Cochez sostuvo que los problemas en la justicia panameña son de “arrastre”, pero que el gobierno de Ricardo Martinelli está comprometido en solucionarlos.

“La situación no es nueva”, afirmó Cochez, quien en otro momento señaló que “Panamá no es un Estado perfecto”.

El embajador arguyó que se ha aumentado el presupuesto para la administración de justicia y que el caso penal contra un ex presidente de la República ­en referencia a Ernesto Pérez Balladares­ que está bajo arresto domiciliario, es prueba de que “la impunidad se está acabando”.

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