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democracia. PAÍSES PEQUEÑOS PUEDEN TENER GRAN PODER POLÍTICO.

Poder y democracia, ¿pueden ir de la mano?

Las entidades más poderosas exhiben las peores credenciales democráticas: la pésima transparencia y la distribución desigual.

PODER. Los organismos internacionales facilitan la implementación de estrategias conjuntas vinculadas a temas políticos, sociales y económicos. EFE/Stephen Jaffe PODER. Los organismos internacionales facilitan la implementación de estrategias conjuntas vinculadas a temas políticos, sociales y económicos. EFE/Stephen Jaffe
PODER. Los organismos internacionales facilitan la implementación de estrategias conjuntas vinculadas a temas políticos, sociales y económicos. EFE/Stephen Jaffe

El poder y la democracia no van de la mano en las organizaciones internacionales. Entre más poderosas, menos democráticas. Pero, lentamente, eso está cambiando.

¿Puede ser democrática una institución si países como Bélgica, con 10 millones de habitantes, tiene más poder que, por ejemplo, India, con mil 100 millones?

¿Puede serlo, si los representantes elegidos en las urnas por los ciudadanos de los Estados no controlan lo que dicen los delegados de su país en su nombre?

Estas y otras preguntas determinan la legitimidad de las instituciones.

Las instituciones más poderosas exhiben las peores credenciales democráticas: la distribución desigual de poder entre países, y la pésima transparencia y control democrático.

Las instituciones poderosas producen normas y obligan a los países a seguirlas. De no hacerlo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas puede adoptar sanciones económicas.

El Consejo tiene poder, pero el proceso de elaboración de normas se ve sesgado por la facultad de veto de sus cinco miembros: China, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Rusia pueden bloquear cualquier norma que no les guste. Eso significa que países que equivalen a 30% de la población mundial guían el Consejo.

La Organización Mundial del Comercio (OMC) también es poderosa, pues establece normas obligatorias: el gran acuerdo mundial de comercio de 1994 tenía 26 mil páginas. En esa institución, la distribución del poder es “un país, un voto”; no es muy democrático que Luxemburgo tenga tanto poder como China. Y en la práctica, los grandes países tienen los medios para asegurarse de que su voto pese más que el de los chicos.

El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial (BM) prestan a países, pero solo si estos cumplen con lo que, según ellos, constituye “una buena política”.

La situación varía en las organizaciones que establecen reglas sociales y ambientales. La gobernanza consiste en los Acuerdos Ambientales Multilaterales (MEA).

La gobernanza social se procesa en convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otras sobre derechos humanos. Contrariamente a la OMC, donde los miembros deben tolerar las normas, los países deciden qué MEA o convención laboral o de derechos humanos ratifican.

Y aunque ratifiquen un acuerdo, no hay sanciones si no lo cumplen. Por tanto, esas reglas tienden a ser blandas. Sin embargo, las organizaciones que las crean funcionan bastante democráticamente.

En las conferencias de las partes que rigen los MEA y en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a cada país le toca un voto. En la OIT, cada país tiene cuatro votos: dos para el gobierno, uno para los sindicatos y otros para las organizaciones de patronos.

De hecho, desde su creación (1919), la OIT trabaja con socios sociales involucrados, por lo que es más difícil que en otras instituciones jugar a las escondidillas.

Casi todas las reuniones de la OIT, los MEA y el Consejo de Derechos Humanos son abiertas, así que es fácil saber qué pasa allí. También es pública la posición de los miembros en las votaciones del Consejo de Seguridad.

El FMI y el BM son más reservados: las actas de sus sesiones permanecen en secreto por 10 años. En la OMC tampoco es fácil saber quién dice qué: sus procedimientos son informales.

OMC: Normas, dinero y poder

Todos los miembros de la OMC deben aceptar, cual más, cual menos, la totalidad de las reglas impuestas por la institución.

Y si un miembro de la OMC no respeta esas normas, y, por ejemplo, aplica aranceles más elevados de lo permitido, otro puede presentar una demanda contra el perpetrador y una suerte de tribunal de la organización juzgará el asunto.

El órgano de resolución de disputas tarda aproximadamente dos años en resolver casos.

Al ganador se le otorga el derecho a castigar al país que transgredió las reglas mediante una sanción comercial –habitualmente un arancel a las importaciones– que perjudica al perpetrador en la misma medida en que fue perjudicada la víctima.

A través de este mecanismo, la OMC hace que los países cumplan con sus normas.

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