IIDH ADVIERTE DE PELIGROS EN LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Presión penal es mala señal

Una mala interpretación del Código Penal ha dado cabida a procesos contra periodistas y líderes de opinión, dicen abogados.

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¿LIBERTAD?. El trabajo de los periodistas y líderes de opinión enfrenta nuevos obstáculos en Panamá. LA PRENSA/David Mesa ¿LIBERTAD?. El trabajo de los periodistas y líderes de opinión enfrenta nuevos obstáculos en Panamá. LA PRENSA/David Mesa
¿LIBERTAD?. El trabajo de los periodistas y líderes de opinión enfrenta nuevos obstáculos en Panamá. LA PRENSA/David Mesa

La admisión de demandas penales de funcionarios en contra de periodistas y líderes de opinión por el supuesto delito contra el honor va contra el cumplimiento de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la cual Panamá es signataria.

Así lo afirmó Roberto Cuéllar, director del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), tras referirse a la situación actual de Panamá, donde al menos tres demandas de este tipo fueron admitidas por los fiscales en los últimos años.

Esto, a pesar de que en la modificación del Código Penal, hecha en junio de 2008, se estableció que en los delitos contra el honor se excluye la responsabilidad penal cuando los supuestos ofendidos sean servidores públicos.

Por ello, Cuéllar recomendó estar vigilante frente a políticas que atentan contra este derecho.

“Los retrocesos son parte de las irregularidades que se dan en todo tipo de esquemas, y hay que vigilarlos. Tenemos que preocuparnos por la democracia y ver dónde hay que aceitar el engranaje, y ello abarca la libertad de expresión. Si no se hacen estos ajustes, se proyecta una mala señal”, afirmó el director del IIDH.

Para este instituto, todo funcionario debe estar sometido al escrutinio y control de la ciudadanía por las consecuencias que conllevan sus actos en ejercicio de la función pública.

El tema de la libertad de expresión se encuentra en la palestra pública nuevamente en Panamá. Juan Antonio Tejada, ex defensor del Pueblo, manifestó su preocupación por la situación de la libertad de expresión en Panamá. “Pensábamos que esto era un capítulo cerrado, pero ahora se están haciendo interpretaciones trasnochadas que han abierto paso al inicio y continuación de procesos penales contra periodistas y líderes de opinión”, afirmó Tejada.

Advirtió que estas medidas penales son un mecanismo para callar a los periodistas y líderes de opinión.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya ha tenido pronunciamientos sobre este tipo de casos.

“Cuando las instituciones democráticas utilizan la ley como instrumento restrictivo a la libertad de expresión para limitar la crítica de sus ciudadanos, la democracia se ve amenazada”, sostiene la institución.

Ministerio Público endereza el paso

El pasado 4 de febrero, la Procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, se reunió con fiscales que llevan los casos de delitos contra el honor, entre ellos Dania Ríos y Sofanor Espinosa, para discutir el caso de la calumnia e injuria. Allí se hizo énfasis en el uso de lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el nuevo artículo 193 del Código Penal. En el encuentro también participó el defensor del Pueblo, Ricardo Vargas. La reunión parece haber surtido efecto. Ayer, Fernando Correa, presidente del Consejo Nacional de Periodismo, aseveró que la Procuraduría le ha informado que en tres de las demandas que se habían presentado por parte de funcionarios y figuras públicas se solicitará al tribunal superior su archivo.

Entre ellas, la presentada por el ex ministro de Gobierno y Justicia Daniel Delgado Diamante en contra del periodista Santiago Fascetto. “Esta posición es satisfactoria ya que deja un precedente o una base jurídica que permite rechazar las nuevas demandas penales contra periodistas o líderes de opinión”, dijo Correa. Ayer, el fiscal séptimo de circuito, Sofanor Espinosa, notificó a Angélica Maytín, coordinadora de la Red Democracia Ciudadana, de la vista fiscal donde solicita al Tribunal Superior su sobreseimiento en la demanda que también le presentó Delgado Diamante.

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