LA MEDIDA FORMA PARTE DEL PROYECTO DEL GOBIERNO PARA AUMENTAR LAS PENAS POR DELITOS GRAVES

Prohibirán porte de armas

Las reformas al Código Penal y al Judicial para aumentar las penas serán votadas el próximo miércoles, en medio del rechazo de muchos penalistas.

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La suspensión del permiso para portar armas de fuego a quien esté sometido a un proceso judicial, figura en el proyecto de ley No. 497 que discute en primer debate la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional.

La propuesta forma parte del paquete de reformas a las leyes de seguridad que modificarán, entre otros, artículos del Código Penal y del Judicial y de la ley de la Policía.

El nuevo artículo es el 2127-A, adicionado al 2127 del capítulo VI, del Código Judicial, que trata de medidas cautelares y excarcelación del imputado. La adición quedaría así: cuando se apliquen medidas cautelares personales, el funcionario de instrucción o el juez, dependiendo del tipo de delito que se investigue, podrá ordenar la suspensión del permiso para portar armas de fuego hasta que finalice el proceso.

Según el ministro de Gobierno y Justicia, Dilio Arcia, no es correcto que un ciudadano que esté sujeto a una investigación judicial en que haya de por medio participación de arma de fuego, esté libre y porte una pistola. Ello daría pie a que el investigado pudiera incurrir en un nuevo delito.

Sin embargo, para el penalista Ramón Francisco Castellanos, pese a que la medida tiene un fin positivo, debe tomarse en cuenta al ciudadano cuya arma de fuego es necesaria para el desempeño de su trabajo.

Citó el caso del agente de seguridad privada, cuya misión es proteger un local y su propia persona. Este no puede prescindir de su arma.

Otra norma del Código Judicial que será modificada es la 2316, del título IV, sobre los juicios con intervención de jurado. El texto dice: Serán juzgados por jurados de conciencia, los procesos por delitos que conocen los tribunales superiores en primera instancia.

El numeral 1 es sobre el homicidio doloso y la adición propuesta dice: “salvo que sea producto de delitos de terrorismo, secuestro, extorsión, asociación ilícita, pandillerismo, narcotráfico o blanqueo de capitales”.

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