La ley permitirá a lugareños titular costas e islas, pero la venta de títulos será onerosa.

Promulgan Ley 23, de islas

La promulgación de la Ley 23 de 2009, anhelada por quienes poseen tierras en costas e islas, trae un dilema. Muchos lugareños frenarán la venta al obligárseles a pagar al Estado 25% sobre el precio de venta.

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Finalmente, la Ley 23 de 21 de abril de 2009, que declara el territorio insular área de desarrollo especial y regula la adjudicación en las zonas costeras, fue promulgada ayer en Gaceta Oficial.

Su discusión en la Comisión de Hacienda Pública de la Asamblea creó una gran polémica durante varios meses, dado que el Ejecutivo (Dirección de Catastro) y la Contraloría se oponían a reconocer los derechos posesorios de los residentes primitivos en costas e islas.

Ovidio Díaz-Espino, abogado agrarista, señala que no es la ley perfecta, pero admite que se podrán titular los derechos posesorios.

No obstante, condenó lo punitivo del impuesto que contempla la ley sobre la ganancia –25%– de quien venda la tierra, lo que opina afectará la inversión, contrario a lo que busca propiciar la Ley No. 8 de 1994.

Para Pedro Miguel González, presidente de la Comisión que debatió el proyecto, es un avance positivo, aunque no todo lo que hubiera querido, ya que es partidario de que los lugareños de costas e islas tengan igual trato que los de tierra firme.

No obstante, dijo que hubo que hacer consenso para favorecer la titulación de los derechos posesorios, pero aclaró que ello no significa que el próximo gobierno no pueda modificar la ley.

Los precios que fija el artículo 9 para quienes titulen derechos posesorios van de 50 dólares la hectárea (de una a 20 hectáreas); 100 dólares por hectárea (más de 20 hasta 50 hectáreas); y 150 dólares por hectárea si se trata de más de 50 hectáreas.

La venta de la tierra recién titulada causará el pago de un impuesto del 25% sobre la ganancia de capital.

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