JUSTICIA. MEDIDAS ESPECIALES CONTRA LA DELINCUENCIA.

Proyecto del Ejecutivo iniciará debate la próxima semana

Grupos de derechos humanos critican la prórroga indefinida de la detención preventiva propuesta.

La Procuradora defendió el aumento de 24 a 72 horas que tendrán los fiscales para justificar las detenciones.

CRIMINALIDAD. Policía Nacional continuará con sus operativos para detectar delincuentes. CRIMINALIDAD. Policía Nacional continuará con sus operativos para detectar delincuentes.
CRIMINALIDAD. Policía Nacional continuará con sus operativos para detectar delincuentes.

A pesar del anuncio hecho por el presidente de la Asamblea, Elías Castillo, el primer debate del proyecto que dicta "medidas especiales para garantizar la seguridad ciudadana", no inició ayer en la Comisión legislativa de Gobierno.

"Consideramos que no era prudente empezar la discusión porque no podíamos darle continuidad debido a la Semana Santa", explicó el diputado presidente de la citada comisión, Raúl Rodríguez.

El diputado añadió que antes de que se inicie el debate en la Comisión de Gobierno, otras comisiones legislativas –la Comisión de la Mujer y la Niñez o la de Derechos Humanos– tienen que revisar el proyecto y emitir su opinión.

Algunas reacciones

Ayer, representantes del Grupo de Vigilancia Permanente de los Derechos Humanos de los niños, niñas y adolescentes –que incluye una pluralidad de organizaciones de la sociedad civil y la Defensoría del Pueblo– se reunieron con las ministras de Gobierno y Justicia, Olga Gólcher, y de Desarrollo Social, María Roquebert.

La reunión, según explicó la defensora del Pueblo, Mónica Pérez, tenía como objetivo exponer las preocupaciones surgidas por las modificaciones propuestas a la Ley 40 sobre menores infractores.

"Entendemos que el tema tiene dos planos de discusión: el político y el técnico. El aumento de penas a los adolescentes entra en la órbita política y sabemos que existe apoyo de la opinión pública. Pero desde un punto de vista técnico, está comprobado que aumentar las penas no ayuda a disminuir el problema de la delincuencia", explicó Pérez.

Igual opinión tiene el abogado y ex director de la Policía Nacional Ebrahim Asvat.

"Las estrategias basadas en nuevas leyes o de acentuar las penas no son suficientes frente a los objetivos de disminuir la criminalidad. La pregunta es si las leyes existentes se cumplen o no. Frente a un sistema de justicia que se ahoga en expedientes (...) los detenidos terminan la mayor parte de su tiempo en el sistema penitenciario pagando una pena sin una sentencia judicial condenatoria...", comentó.

En ese sentido, el grupo que se reunió con las ministras Gólcher y Roquebert solicitó reconsiderar el aumento de las penas para los menores en algunos casos que, de aprobarse la propuesta, tendrían penas más altas que las que establece el Código Penal que aún regirá por un año.

También solicitaron que se establezca un tope para la detención preventiva de los menores, que pasa de un máximo de 6 meses a no tener límite.

"Esto provocará más hacinamiento, profundizándose el ya grave problema de presos sin condena que existe en el país", alegó la defensora del Pueblo.

Finalmente y ente otras peticiones hechas a las ministras, se solicitó que la ley propuesta tenga un término de vigencia.

Excesos y peligros

El aumento de 24 a 72 horas en el término que tiene el funcionario del Ministerio Público para emitir una orden que justifique una detención preventiva, también causó preocupación.

Según comentó el diputado panameñista José I. Blandón, la medida podría ocasionar abusos y violaciones a los derechos humanos.

El tema también le preocupa al ya citado Asvat, quien considera que "las detenciones por más de 24 horas, a todas luces violan los artículo 21, 22 y 23 de la Constitución".

La medida, sin embargo, fue defendida por la procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, quien alegó que los fiscales consideraban las 24 horas como poco tiempo para reunir los elementos que asegurarán la detención de delincuentes sin transgredir las leyes".

Finalmente, Roxana Méndez, directora de Casa Esperanza (una de las organizaciones del grupo de vigilancia), afirmó que las medidas propuestas no frenarán la ola de delincuencia. "La Ley 40 de adolescentes no se ha cumplido a cabalidad", agregó.

( Con información de Lina Vega Abad, Vianey Castrellón y José González Pinilla)

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