GOBIERNO. DECISIONES QUE MARCAN LA Línea.

Recuerdos del militarismo

Las últimas actuaciones del gobierno de Martín Torrijos sugieren una similitud con la dictadura castrense.

Hay críticas con relación al cambio de estructura en la PTJ, porque podría prestarse para persecuciones políticas.

REMEMBRANZA. El régimen militar actuó de forma cohesionada, con todo su aparato militar de inteligencia, para perseguir a los opositores. REMEMBRANZA. El régimen militar actuó de forma cohesionada, con todo su aparato militar de inteligencia, para perseguir a los opositores.
REMEMBRANZA. El régimen militar actuó de forma cohesionada, con todo su aparato militar de inteligencia, para perseguir a los opositores.

"Pitufos", obediencia debida y ordinariato castrense, son palabras que hacen recordar a quienes vivieron la época de la represión de la dictadura militar (1968-1989), liderada por los generales Omar Torrijos Herrera y Manuel Antonio Noriega.

Y las últimas actuaciones del gobierno del presidente Martín Torrijos, hijo de Omar, sugieren una similitud con la dictadura militar.

Por ejemplo, durante esta administración ha sido eliminada la Policía Técnica Judicial (PTJ) y reemplazada por dos organismos: la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), adscrita a la Policía Nacional, y el Servicio de Criminalística, como ente autónomo y científico.

Eliminar la PTJ es volver a los tiempos de los servicios de inteligencia, los desaparecidos Departamento Nacional de Investigaciones (Deni) y el G-2, dos instituciones que formaban parte de las extintas Fuerzas de Defensa, según algunos políticos y representantes de la sociedad civil.

En igual sintonía están Carlos Iván Zúñiga, ex rector de la Universidad de Panamá y uno de los perseguidos por la dictadura militar, el ex procurador Rogelio Cruz y Jaime Jácome, ex director de la PTJ. Ellos opinan que el cambio de estructura en la PTJ podría prestarse para persecuciones políticas y "politización" de los procesos. Sin embargo, el gobierno, a través de sus voceros, ha dicho que se trata de "una fusión de esfuerzos y logística policial".

EL‘PITUFO’

Otro paso dado por el gobierno y que hace recordar a las Fuerzas de Defensa con su camión cisterna antimotín que tiraba agua pimienta a los manifestantes, es el llamado "Pitufo", adquirido recientemente por la administración Torrijos para disuadir a los manifestantes. El nuevo "Pitufo" es visto como un mecanismo de represión a las protestas sociales y que rememora las épocas de los temidos "Pitufos" de los militares. Según Aurelio Barría, ex dirigente de la Cruzada Civilista, quien luchó contra la dictatura militar, la compra del carro es "la semilla de la dictadura, volviendo a florecer".

Sin embargo, el ministro de Gobierno y Justicia, Daniel Delgado Diamante, asegura que el vehículo no es letal y que solo tira agua.

OBEDIENCIA DEBIDA

Consignada en la derogada Ley 20 del 29 de septiembre de 1983 que creó las Fuerzas de Defensa, la obediencia debida fue la figura utilizada por los militares para justificar la represión contra los civiles.

El Ministerio de la Presidencia la reflotó en estos días para eximir de responsabilidad a los agentes del Servicio de Protección Institucional (SPI) que custodian la Presidencia.

Aura de Villalaz, ex magistrada presidenta de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, y el presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, Miguel Antonio Bernal, califican la medida de "retroceso". Sin embargo, el gobierno justifica la obediencia por la "necesidad de precisar" normas aplicables a miembros juramentados de esa entidad.

ORDINARIATO

El ordinariato castrense era el obispado de los militares dentro de las Fuerzas de Defensa. Hoy los diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional pretenden aprobar un convenio que establece crear un ordinariato para la Fuerza Pública. Eso implica que los miembros de la Policía, Servicio Marítimo y Aéreo, el SPI, la PTJ, Aduanas y Migración, puedan recibir "ayuda espiritual" dentro de la institución.

I. Roberto Eisenmann, presidente de la Fundación para la Libertad Ciudadana, dice que "el ordinariato es contrario al querer antimilitarista de la ciudadanía y la Constitución civilista de nuestro país. Mantener el ordinariato es pagar un costo innecesario en credibilidad, y peligroso para la Nación". Al respecto, Héctor Alemán, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, asegura que la norma es positiva porque "la Fuerza Pública lo necesita", ya que ésta es permeable a la delincuencia.

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