QUERELLA. EL MINISTERIO DE SALUD ENTREGÓ DOCUMENTOS AL MINISTERIO PÚBLICO.

Regocijo y dudas entre familiares

El dirigente Gabriel Pascual teme que si no se dan las renuncias, el caso se maneje políticamente.

El director del Seguro indica que en todo momento han dado la cara, y el Minsa dice que ya se investigó.

Aunque Gabriel Pascual, presidente del Comité de Familiares por el Derecho a la Vida y a la Salud, considera que admitir una querella contra Camilo Alleyne, ministro de Salud; René Luciani, director de la Caja de Seguro Social (CSS), y otros funcionarios, es un buen paso, también piensa que la procuradora general, Ana Matilde Gómez, debió separar a ambos del cargo.

"Tenemos dudas, pues nos preocupa que no se les haya separado del cargo -a Alleyne, Luciani y demás funcionarios- porque este es una caso que al final podría manejarse políticamente", agregó.

De acuerdo con Pascual, "tratan de dilatar la investigación, no tiene sentido admitir una querella y no separarlos del cargo [...] lucharemos hasta lo último para que le hagan justicia a esta humilde gente".

Gómez informó ayer que admitió una querella criminal, presentada por familiares de pacientes envenenados con dietilene glycol contra Alleyne, Luciani y otros servidores denunciados.

Además de Alleyne y Luciani, la denuncia incluye al director de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud (Minsa), Pablo Solís; al subdirector del Seguro, Aníbal Illueca; a la directora de Prestaciones Médicas de esa institución, Rosario Turner; a los miembros de la junta directiva de la CSS; a Alexis Zuleta, quien renunció a la Dirección de Compras y Abastos de la CSS, y otros funcionarios.

Luciani dijo que en todo momento ha dado la cara y recordó que su institución realizó una auditoría que entregó al Ministerio Público sobre la compra de la glicerina. De hecho, varios funcionarios -cuyos nombres no ha revelado- tienen algún nivel de responsabilidad.

¿Incluye esta auditoría a Farmacias y Drogas, entidad que también debía velar por la calidad de los medicamentos? Luciani dijo que eso le compete al Minsa. Solís, director de Farmacias y Drogas , dijo a través de un vocero que ellos entregaron toda la documentación -incluido los asuntos administrativos- al Ministerio Público. Esa investigación hecha por el Minsa no implicó ninguna destitución.

Por el momento, las cifras oficiales indican que hay 51 fallecidos –de 92 casos registrados– por el envenenamiento con los jarabes producidos por el laboratorio de la CSS.

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