CRíMENES DE LA DICTADURA MILITAR.EN BUSCA DE LA VERDAD HISTóRICA Y PENAL

Rovetto frente a una misión peligrosa

Rovetto frente a una misión peligrosa
Rovetto frente a una misión peligrosa

Janeth Rovetto es una mujer joven, de trato agradable y de bella sonrisa. Pero a pesar de su juventud demuestra carácter, seguridad y firmeza en sus actuaciones. Le ha sido designada una misión complicada, escabrosa y hasta cierto punto peligrosa, como es el de desenterrar un misterio que ha permanecido oculto por más de tres décadas: la desaparición y asesinato de más de un centenar de personas durante la dictadura militar.

Rovetto fue designada por la procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, como agente de Instrucción Especial, con funciones similares y paralelas a la de un fiscal superior, para investigar crímenes de lesa humanidad ocurridos entre octubre de 1969 y diciembre de 1989. "Me siento preparada para llevar adelante este trabajo, reconozco que va a ser difícil, pero al final estoy segura de que vamos a cumplir, " dice Rovetto.

El principal objetivo, añadió la funcionaria de instrucción, es encontrar la verdad de lo ocurrido a esas personas que desaparecieron o perdieron la vida en circunstancias aún no aclaradas y cuyos asesinos permanecen impunes.

Persiste el miedo

Hasta el momento, Rovetto ha recopilado 21 expedientes de estos casos denunciados por la Comisión de la Verdad, los cuales se encontraban distribuidos en los distritos judiciales de Panamá, Chiriquí, Bocas del Toros, Coclé y Veraguas.

En muchos de estos casos, explicó Rovetto, se encontró que no se había iniciado ninguna investigación, o que los fiscales encargados habían realizado investigaciones superficiales y que al final habían pedido la prescripción de la acción penal, basados en que habían transcurrido más de 20 años de ocurridos los hechos.

Incluso, dijo que se encontró con la sorpresa que dos de estos casos fueron tramitados en una fiscalía de Circuito Penal en Chiriquí y enviados a un juzgado de esa misma jurisdicción donde se decretó la prescripción, cuando estas no son las esferas judiciales competente para dilucidar estos delitos.

En 10 de estos expedientes, explicó la agente de Instrucción Especial, se ha pedido la reapertura o se han iniciado las investigaciones, con base en fallos de la Corte Suprema y convenios internacionales de derechos humanos en las que Panamá es signatario y que establecen que los casos de lesa humanidad no prescriben.

Sin embargo, sostiene que el principal obstáculo que ha encontrado es el temor que persiste entre las personas que fueron testigos de estos crímenes.

Aún estas temen al fantasma de los militares, a sus tentáculos y a sus posibles represalias, añade.

No obstante, advirtió, algunos han aceptado brindar sus testimonios, pero amparados en el programa de "Protección a testigos" y para ello se les ha tenido que, incluso, disfrazar para que se presenten al despacho para rendir susdeclaraciones.

Explicó que estas personas, amparadas en el programa de protección, se les incluye en los respectivos expedientes bajo un número de clave, no se utiliza su nombre real ni su dirección y sólo un grupo reducido de funcionarios conoce la verdadera identidad de los declarantes.

Gallego- Portugal

Sobre las desapariciones y muertes del sacerdote colombiano Héctor Gallego y el dirigente panameño Heliodoro Portugal, la situación legal es distinta.

En el caso Gallego se hizo un juicio y hubo un veredicto por un jurado de conciencia y una sentencia dictada por un tribunal. Por lo tanto, no se puede pedir una reapertura de esta investigaciones, sino sólo tratar encontrar la verdad histórica y social de los hechos, como por ejemplo, establecer ¿dónde está el cadáver del religioso?

En el proceso Portugal, destacó, se ha fijado el juicio para junio del 2006 y se está a la espera de este proceso.

Rovetto dijo que confía en que éste no será el único caso en que los responsables de los crímenes serán sentados en el banquillo de los acusados.

Edición Impresa