Ex directores del SPI y la PTJ cuestionan el manejo del ente que brinda seguridad presidencial

SPI esperará investigación del Ministerio Público

El director de este ente de seguridad presidencial dijo que si se comprueban las faltas, se actuará de acuerdo con la ley. Hasta la fecha, ningún agente ha admitido oficialmente tener vinculación con Murcia.

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GUARDAESPALDAS. Rodrigo Ureña, Fernando Aguilar y Arles Araúz escoltaron a Mireya Moscoso durante su gestión. Hoy, Aguilar y Araúz se mantienen con la ex mandataria y Ureña está asignado a la escolta de Martín Torrijos. LA PRENSA/Archivo GUARDAESPALDAS. Rodrigo Ureña, Fernando Aguilar y Arles Araúz escoltaron a Mireya Moscoso durante su gestión. Hoy, Aguilar y Araúz se mantienen con la ex mandataria y Ureña está asignado a la escolta de Martín Torrijos. LA PRENSA/Archivo
GUARDAESPALDAS. Rodrigo Ureña, Fernando Aguilar y Arles Araúz escoltaron a Mireya Moscoso durante su gestión. Hoy, Aguilar y Araúz se mantienen con la ex mandataria y Ureña está asignado a la escolta de Martín Torrijos. LA PRENSA/Archivo

Cuando arrancó el gobierno de Martín Torrijos se abrió el compás. Se dieron autorizaciones para que el Servicio de Protección Institucional (SPI) diera el servicio a figuras que estaban fuera de su misión. Esto incluyó al segundo hombre más rico del mundo, el mexicano Carlos Slim, y al venezolano Alexander del Nogal, vinculado a Hugo Chávez.

Tras las afirmaciones del encarcelado colombiano David Murcia Guzmán, las cosas se complican. El director del SPI, José Gómez, dijo ayer que está “pendiente” de las investigaciones que adelanta el Ministerio Público por la posible vinculación de sus agentes con el colombiano. “Si se comprueban las faltas, al margen del reglamento interno y las disposiciones vigentes, se actuará de acuerdo con la ley”, dijo Gómez a este diario, luego de reiterar que oficialmente no autorizó “misión alguna, ni prestación de servicios en favor de Murcia”.

También agregó que ninguno de los agentes del SPI, hasta la fecha, ha admitido tener vinculación con él, aunque altas fuentes de su institución se lo confirmaron a este diario.

“Esto deja muy mal parada a la institución”, dijo el ex director del SPI Alejandro Garúz, quien reiteró que el servicio de seguridad a empresarios nacionales o extranjeros está prohibido por la ley que rige la institución, adscrita a la Presidencia.

“Solo el Presidente puede dar una autorización como esta, y eso en el gobierno de Mireya Moscoso no se dio”, aseguró Garúz.

Para Jaime Abad, ex director de la Policía Técnica Judicial (PTJ), este tipo de irregularidades dentro del SPI es peligroso porque “allí se maneja información de alto perfil como el círculo familiar del Presidente, sus socios y amigos empresarios”.

“No se debe permitir que agentes del SPI estén dando servicio privado en sus horas libres o vacaciones, aún cuando se trate de empresarios transparentes”, dijo.

‘Cautelares están en el Código’

El fiscal primero de Drogas, José Abel Almengor, explicó ayer que las medidas de arresto domiciliario que ordenó contra los cinco acusados por su despacho, debido a la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales –incluidos en las sumarias del caso DMG–, se sustentan en disposiciones del Código Judicial (reformado en 2008), consideradas de transición hacia el sistema acusatorio, que debe entrar a regir en Coclé y Veraguas a partir del próximo mes de septiembre.

Almengor confirmó que formuló cargos, indagó y ordenó el arresto domiciliariode Ernesto Chong,Hugo Pinto, Efraín Duque, Jorge Garrido y Mayte Brown.

Además, en las sumarias se incluye a David Murcia Guzmán y a su esposa, Joana León Bermúdez.

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