Sistema judicial debe expulsar a corruptos

"Todo juez que cometa un delito debe ser condenado por ello, y la sociedad no se debe alarmar", afirma magistrado.

JUSTICIA. Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de España. JUSTICIA. Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de España.

JUSTICIA. Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de España.

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Es magistrado del Tribunal Supremo de España y está casado con una panameña. Esta vez visitó Panamá para participar como expositor en un congreso internacional, sin embargo, solo una cosa lo obsesiona: comprar un sombrero típico. "Pero quiero uno original, por eso me voy mañana para Penonomé solo para comprarlo", afirma.

Al menos una cosa lo tranquiliza: ya consiguió una guayabera, que viste especialmente para las fotos de esta entrevista.

José Almagro Nosete es natural de Sevilla, España. Ocupa una magistratura en el Tribunal Supremo de Justicia de su país, desde 1991 hasta la fecha, en la que tiene la consideración de magistrado emérito.

Ante la alta percepción de corrupción que tiene la población panameña sobre la administración de justicia, especialmente de algunos integrantes de la Corte Suprema, la mirada de un magistrado de otro país, puede aportar nuevos elementos para el debate.

Tras aclarar que su intención no es inmiscuirse en asuntos internos de Panamá, país que ama mucho "por su gente linda", el jurista afirma que usa su libertad de expresión como ciudadano del mundo.

Afirma que en su país, si estuviera ocurriendo algo parecido a lo que está pasando en Panamá, donde hay una percepción de corrupción de altos funcionarios judiciales, "el Ministerio Fiscal se vería obligado a hacer las diligencias para investigar qué ocurre".

No es posible que la gente solo lea o escuche a los medios de comunicación social que ofrecen las noticias y reportajes sobre supuesta corrupción... "hay que oficializar la investigación", subraya.

Destaca el jurisconsulto que la autoridad encargada tiene que actuar cada vez que se supone que alguien cometió delito ¿cómo?, se pregunta, para luego contestar: ordenando la investigación pertinente, y más aún si el supuesto acto delictivo va en detrimento de la esencia misma de un poder del Estado.

"Con mucho respeto a todas las instituciones panameñas, tengo que decir que si en mi país estuviera ocurriendo eso, ya se hubiera abierto una investigación", dice con marcado énfasis.

Mientras el magistrado habla, su esposa Luz, que lo acompaña a todas partes, no deja de escucharlo...está embebida. Da la impresión de que le encanta escucharlo. Y así es, ella, que también es abogada, es su admiradora "número uno".

Dr. Almagro, cuando una población deja de creer en su Corte y en su administración de justicia, ¿qué ocurre?

–Te contesto en términos abstractos. La cúpula del poder judicial es, en esa pirámide que constituye la organización judicial, una referencia de respeto y de ordenación de la jurisprudencia para facilitar la interpretación de las leyes y su tarea informadora.

En definitiva, la Corte representa algo así como la garantía de la unidad en la aplicación del ordenamiento jurídico, es decir, es el respeto al principio de igualdad en la aplicación de la ley a todos los ciudadanos. Si esa hipótesis es cierta y la percepción de corrupción responde a una realidad, evidentemente habrá que proceder a la reforma de la alta corporación de justicia o a dotarla de los medios eficaces para que tenga el grado de respeto necesario en un estado de derecho.

–¿Cuáles son los mejores mecanismos contra la corrupción en el poder judicial?

–Creo que los mecanismos contra la corrupción del poder judicial se tienen que salvaguardar por el propio poder judicial, es decir, el mejor antídoto, la mejor medicina contra los jueces son los propios jueces. Tiene que generar el cuerpo de jueces el suficiente anticuerpo como para procurar su propio saneamiento, es decir, si no hay anticuerpos, si no hay medios para lograr esa posibilidad, entonces el problema es más grave, es de estado terminal. Pero tampoco creo que la situación en Panamá sea esa. Pienso que el buen sentido se impondrá, que se introducirán las reformas precisas y que se procederá a un saneamiento para cortar esos abusos y esas corruptelas de las que se habla y que uno lee en los periódicos.

–¿Cómo se resuelve un problema de esa naturaleza?

–En mi tierra se dice cada maestrillo con su librillo. Cada país tiene su remedio específico. Supongo que las autoridades tomarán las medidas adecuadas, que serán las mejores, para conseguir que el problema se resuelva. Supongo que habrá nuevos nombramientos... una renovación de la Corte. También habrá que crear los mecanismos apropiados para que esas situaciones no se repitan.

–Doctor, aquí en Panamá el sistema de nombramiento de los magistrados consiste en que el candidato es designado por el Presidente de la República y luego ratificado por la Asamblea Nacional, ¿qué opina Ud. de ese sistema?

–Creo que no hay sistemas malos, sino prácticas malas, es decir que tachar de perverso un sistema no tiene mucho sentido; lo que se puede tachar de perversas son las malas prácticas. Me parece que el sistema está un poco inspirado en el modelo norteamericano, con la gran diferencia de que el magistrado que es designado por el Ejecutivo permanece de por vida en el cargo, por lo tanto, al tener ese carácter vitalicio no tiene temor de ser removido, salvo que cometa un delito.

En el modelo europeo la cúpula del poder judicial se designa por un sistema mixto, donde por una parte van magistrados de la carrera judicial que han ocupado los diversos escalones de la administración de justicia y que cuando tienen una determinada antigüedad; si el Consejo General del Poder Judicial, que es un órgano también político, considera que tiene los méritos suficientes, lo designa; y luego otro turno que es para juristas de reconocido prestigio que también son elegidos por el poder judicial.

–¿Entra el factor político en el sistema europeo?

–Pues sí. También en Europa el factor político está presente, porque eso es inevitable, es una realidad. La clave está en que esos funcionarios tengan las suficientes garantías para que su función sea independiente y que, además, tengan responsabilidades.

Ahora, si un magistrado comete un delito tiene que ser condenado y no debe haber problemas para que sea así. En España, por ejemplo, aunque no es muy frecuente, hay condenas por prevaricación de jueces (actuación judicial injusta mediando dolo o ignorancia inexcusable) o por cohecho (aceptación de soborno). La sociedad no se puede asustar de que haya esas condenas.

Lo malo sería que la mayoría de los magistrados fuera prevaricadores o que el poder judicial no supiera reaccionar frente a esos jueces que manchan el prestigio de una institución judicial.

Un juez tiene que actuar con moderación y dentro de criterios de legalidad, evidentemente; pero cuando actúa de manera contraria, el ordenamiento jurídico debe contar con los mecanismos para sanear el sistema, sin que nadie se asuste. Si tiene que ir a prisión, pues debe ir y no debe pasar nada, solo que el sistema se reafirma, porque se sanea.

Es por eso que no me preocupa tanto el sistema de nombramiento. Cuando se produce una situación de tipo delictivo por parte de un magistrado, el propio sistema debe expulsarlo y la sociedad no tiene que alarmarse por eso.

Evidentemente no es lo mismo que cometa un delito un magistrado que un ciudadano común y corriente. Es mucho más grave cuando el autor del ilícito es un magistrado, porque hay abuso de confianza, pues el ciudadano confía en que el juez no va a delinquir, pero que si delinque, que pague por su delito.

–En otro tema, Dr. Almagro, la población española fue víctima de un fuerte atentado que dejó 191 muertos y más de mil 500 heridos el 11 de marzo de 2004, ¿qué hacen para evitar que se repita?

–Desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, en Estados Unidos, contra las torres gemelas hasta los últimos de Londres, ocurridos el mes pasado, estamos viviendo una manifestación nueva del terrorismo que es de corte islámico, que tiene una red muy profunda que todavía no es bien entendida por nuestras sociedades, y que se ofrece como un fenómeno diferente al que nos tenían acostumbrados, que era un terrorismo con unos supuestos objetivos y, por tanto, con una selección de las víctimas. Este nuevo terrorismo busca las víctimas con carácter masivo.

–¿Qué se puede hacer?

–Hay muchas maneras de defenderse. En esta lucha es fundamental la cooperación entre los países para facilitar las extradiciones y para no otorgar asilos políticos a quienes se dediquen a estas actividades.

Es necesaria la creación de fiscalías especiales, de unidades de policías especializadas que atiendan las investigaciones. Todo eso forma parte de un conjunto que es muy necesario.

Creo que ahora mismo estamos viviendo un período crítico, y las sociedades occidentales hacen bien en afilar sus mecanismos frente a esta delincuencia grave que parece un enfrentamiento entre civilizaciones.

Hay que saber dosificar cómo se defiende uno de ese tipo de ciudadanos.

¿Es muy difícil, no?

–Claro es que es muy difícil. Pero porque sea difícil no es imposible. Decía un general norteamericano en la Segunda Guerra Mundial para alentar a sus soldados: lo imposible se intenta, lo difícil se consigue.

PERFIL

JURISTA: José Almagro Nosete nació en Sevilla, España. Estudió en la universidad que lleva el mismo nombre de su ciudad natal. Cursó la licenciatura con resultado de "sobresaliente". Hizo el doctorado en ese mismo centro de estudios con la calificación de "Premio Extraordinario". Fue profesor titular en su alma máter y catedrático en la Universidad de Salamanca. Fue nombrado magistrado del Tribunal Supremo en 1991, cargo que aún ejerce. Entre sus publicaciones más importantes están: La prueba de informes, La significación procesal del derecho de retención, Constitución y proceso, Consideraciones de derecho procesal, y otras.

(Vea La prevalencia de la libertad de expresión)

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