ENFRENTAMIENTO.GOBIERNO SE COMPROMETE CON VÍCTIMAS DEL SIRA.

Suspendido director del SPI

Mañana se concretarán los pagos a 32 de las personas incluidas en la lista inicial de 119 afectados.

La Procuraduría no descarta empezar una investigación de oficio, pero requiere la prueba sumaria.

PIQUETE. Familiares de las víctimas del sira realizaron ayer una protesta frente al Ministerio Público. PIQUETE. Familiares de las víctimas del sira realizaron ayer una protesta frente al Ministerio Público.
PIQUETE. Familiares de las víctimas del sira realizaron ayer una protesta frente al Ministerio Público.

José Gómez, director encargado del Servicio de Protección Institucional (SPI), fue separado ayer de su cargo mientras se efectúan las investigaciones de los hechos ocurridos el jueves de la semana pasada cerca del Palacio de las Garzas, en los que funcionarios de esa entidad y miembros del Comité de Familiares por el Derecho a la Salud se enfrentaron en una protesta.

La información, difundida a través de una nota de la Secretaría de Comunicación del Estado, fue confirmada además por el asesor legal de la Presidencia, José Pío Castillero, quien adelanta las investigaciones sobre los hechos.

Castillero asistió ayer en la tarde a una reunión con miembros del comité de familiares en el despacho del defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, en la que también estuvieron presentes el segundo vicepresidente, Rubén Arosemena; el ministro de la Presidencia, Ubaldino Real, y funcionarios de la Caja de Seguro Social y del Ministerio de Salud.

En dicha reunión, el Gobierno se comprometió con las víctimas del sira a ayudar a aquellos que no están en el listado preliminar de 119 afectados. Además, mañana entregará pagos a 32 de las personas incluidas en la lista, con lo que se eleva a 62 los beneficiados hasta ahora.

El Gobierno también se comprometió a revisar 324 casos más y a darles respuesta entre agosto y septiembre.

El 9 de agosto el grupo se volverá a reunir para evaluar los avances de los acuerdos.

En tanto, el Ministerio Público no descarta empezar una investigación de oficio, según confirmó su secretario general, Rigoberto González, quien, sin embargo, aclaró que para instruir un sumario sobre la supuesta comisión del delito de abuso de autoridad, la ley exige que los afectados presenten la prueba sumaria.

( Con información relacionada de Rafael Pérez G.)

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