Varela desconoce contrato entre Icasur y la Asamblea

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edificio. El Palacio Justo Arosemena fue construido en 1947. edificio. El Palacio Justo Arosemena fue construido en 1947.
edificio. El Palacio Justo Arosemena fue construido en 1947.

El contrato que firmaron en 2002 la empresa española Ingeniería, Construcción, Arquitectura y Servicios Urbanos (Icasur) y la Asamblea Nacional para construir la nueva sede legislativa, no es reconocido por el presidente de ese órgano del Estado, José Luis Varela.

Según Varela, en los archivos del Palacio Justo Arosemena solo reposa una fotocopia del contrato sin refrendar por la Contraloría General, por $12.9 millones.

“Concluimos que la Asamblea no tiene actualmente una obligación efectiva con la empresa”, recalcó el diputado, luego de que Icasur exigiera continuar con la obra o, en todo caso, que la indemnizaran.

María Gómez Cerro, representante legal de la empresa, le respondió a Varela que el refrendo por parte de la Contraloría fue un trámite que la Asamblea estaba haciendo y que no culminó, ya que no contaba con el presupuesto para dar la orden de inicio.

“Ese trámite de ley, de pasar un contrato por la Contraloría, es responsabilidad de la institución, no de la empresa privada”, dijo.

A juicio de los abogados de Icasur, si la Asamblea hace la anunciada licitación y otra empresa realiza la obra, “estarían incumpliendo con el anterior contrato [el de ellos]”, ya que su obligación es “ratificarlo”. Si rechazan el contrato, agregan, tendrían que resarcirles el daño que les han causado.

El monto de indemnización que pide la compañía es de $4.2 millones. Alegan que su petición se ampara en el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (Apri), firmado por el Reino de España y Panamá el 10 de noviembre de 1997.

Si les niegan la indemnización irán a la Corte Internacional de Arbitraje, con sede en París, como lo establece el Apri.

El director de Asesoría Legal de la Asamblea, Salvador Sánchez, refutó los planteamientos de la empresa. Señaló que ese contrato no concluyó los pasos que exigía la ley para que fuera efectivo. “En estos momentos no es válido para nosotros”, aseguró.

Sánchez explicó que en aquel momento la legislación de contrataciones públicas exigía que el contrato recibiera el visto bueno del Ejecutivo y el refrendo de la Contraloría, por tratarse de una contratación directa. “Cualquier erogación que haga el presidente [Varela], en ausencia de un pronunciamiento judicial o contrato válido, sería regalar el dinero del Estado”, agregó.

El pasado 18 de febrero, Icasur envió una nota al presidente, Ricardo Martinelli, en la que pide su intervención para que se cumpla el acuerdo firmado en 2002 con el fallecido ex presidente de la Asamblea Carlos Titi Alvarado.

En un acta del 31 de octubre de 2002 consta que Alvarado recibió la aprobación de la junta directiva de la Asamblea para continuar las gestiones de construir un nuevo edificio.

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