FORO.PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.

Los balances del proceso privatizador

La Defensoría afirma que en el proceso primó la rentabilidad económica, en desmedro de los usuarios.

El director de la Comisión de Política Energética dice que generar energía hidroeléctrica es más caro.

INFORME. La defensora, Mónica Pérez, solicitó impulsar algunas de las recomendaciones del Plan Energético. INFORME. La defensora, Mónica Pérez, solicitó impulsar algunas de las recomendaciones del Plan Energético.
INFORME. La defensora, Mónica Pérez, solicitó impulsar algunas de las recomendaciones del Plan Energético.

Hace exactamente un mes, la Defensoría del Pueblo convocaba a un foro para analizar los procesos de privatizaciones de las empresas de electricidad y telecomunicaciones.

En el evento –que contó con la participación de un importante número de expertos en varios campos– se analizó la función del Estado y de los organismos reguladores, el derecho de los usuarios y la participación ciudadana en la fijación de tarifas, el enfoque económico y su relación con los derechos humanos.

Las conclusiones

"Durante el proceso privatizador panameño, han sido los usuarios los más afectados ya que la rentabilidad social, que debe existir en la prestación de unos servicios que son y seguirán siendo públicos, ha sido casi desconocida por la primacía de la rentabilidad económica de las empresas eléctricas y de telecomunicaciones". Lo anterior forma parte de las conclusiones recogidas por la delegada de la Defensora para los Servicios Públicos Privatizados y organizadora del evento, Mónica Guillén.

Además, se calificó la actuación del extinto Ente Regulador de los Servicios Públicos, como "tímida y hasta negligente", en su labor de defensa de los derechos de los usuarios. Justamente por ello, la Defensoría del Pueblo solicitó a la nueva Autoridad Nacional de los Servicios Públicos "no replicar los errores" del Ente. "Observamos que su actual administrador, Víctor Urrutia, ha empezado a dar pasos que pretenden controlar e impedir por ejemplo, las distorsiones existentes en las compras en el mercado ocasional de energía, de allí que exhortamos a que se mantenga firme y pueda implementar los cambios necesarios para beneficiar a la mayoría más débil...", agrega la Defensoría.

Entre los participantes del evento que tuvieron duras críticas a la forma como se produjo el proceso privatizador y el subsecuente papel del organismo regulador, estuvieron el economista Alexis Soto; el abogado y negociador de los tratados que permitieron el ingreso de Panamá en la Organización Mundial del Comercio, Carlos Ernesto González R., así como la representante de las organizaciones de consumidores, Yakarta Ríos.

La existencia de distorsiones económicas y jurídicas, la ausencia de una verdadera competencia, el fracaso de los entes reguladores, así como la falta de organización y constancia de la sociedad civil, fueron algunas de las críticas hechas durante el evento.

La institucionalidad

Aquel 12 de diciembre, el director ejecutivo de la Comisión de Política Energética del Ministerio de Economía y Finanzas, Aderito Pastor, sorprendió a más de uno durante su intervención. Para el funcionario, el incremento del parque hidroeléctrico no es una alternativa para abaratar los costos de la energía en el país.

"Hacer hidroeléctricas no es la solución, pues son más caras...", fue el sorpresivo comentario del funcionario que, por el contrario, no hizo aporte alguno sobre las alternativas que analiza su oficina, para reducir la dependencia del petróleo.

El comentario viene a cuento justamente ahora que se han anunciado incrementos en el costo de la energía.

Ayer, la defensora del Pueblo, Mónica Pérez –que ha rechazado la política de subsidios como "único mecanismo para paliar los incrementos de las tarifas eléctricas"–, citó el Plan Nacional Energético hecho público en septiembre de 2005 y pidió la implementación de alguna de sus recomendaciones como impulsar la construcción de hidroeléctricas.

La contradicción es entonces evidente: existe un plan nacional que no parece contar con el apoyo de quien, desde la Comisión de Política Energética, está llamado a impulsarlo.

No en vano, Eduardo Vallarino, presidente de la Asociación Panameña de Productores de Energía Renovable comentó que "existen unos 100 proyectos de hidroeléctricas que no avanzan, porque no existen reales incentivos (...) la ley de pequeñas hidroeléctricas contempla incentivos ilusorios y la prueba es que no podemos avanzar".

Mientras estas contradicciones se evidencian en la institucionalidad, el aumento del precio de la energía continúa.

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