SANTA ANA.

No era ‘condenada’ casa donde murió plomero

La ministra Herrera aclaró que el inmueble no había sido declarado inhabitable, por lo que su dueña es responsable.

El accidente que cobró la vida del plomero Rafael Quintero, de 51 años, suscitado este lunes en un viejo inmueble de la calle 13 oeste, en Santa Ana, no ocurrió en una casa condenada como se informó originalmente, aclaró ayer la ministra de Vivienda, Balbina Herrera Araúz.

Según explicó la funcionaria, la casa T-133, con exterior de de mampostería e interior de madera, es un inmueble privado, actualmente usufructuado por su propietaria, quien cobra cánones mensuales de 40 y 60 dólares.

De acuerdo con Herrera, al Ministerio de Vivienda no le cabe responsabilidad en prevenir que familias residentes en un caserón de estos sufran algún percance por la condición de su estructura, y dejó claro que corresponde a la dueña mantener la propiedad en condiciones óptimas para la ocupación humana.

Otra situación que limita la acción del MIVI es el hecho de que esta casa es parte del patrimonio histórico de la ciudad y no puede ser demolida sino restaurada, observó Herrera.

La Ministra dijo lamentar lo ocurrido en Santa Ana y aclaró que si la vivienda hubiera estado condenada por la Oficina de Seguridad del Cuerpo de Bomberos de Panamá, el Ministerio hubiera atendido el problema, como lo ha hecho con las familias de otros 25 inmuebles del área metropolitana en estado deplorable.

La acción social del MIVI, refirió, consiste en demoler los viejos caserones y reubicar a las familias, por lo general de escasos recursos, en propiedades reposeídas del Banco Hipotecario Nacional o en aquellas susceptibles de ser rehabilitadas, como es el caso del albergue temporal Amador (antigua Escuela Práctica de Comercio), en Avenida A.

En el caso de la casa T-133, informó que en 2003 el Sistema Nacional de Protección Civil había pedido la condena de esta. El MIVI, por su lado, realizó un estudio socioeconómico entre las familias residentes. Este informe reveló que la mayoría de los que habitaban sus 21 cuartos eran solteros, 12 eran ancianos y dos grupos familiares completos.

Tras el incidente fatal, un grupo de inquilinos se fue a vivir con familiares y el restante permanece en el caserón después de firmar un acuerdo con el MIVI, en el que se hace constar que se quedan bajo su propia responsabilidad.

La Ministra informó que durante este año espera reubicar cuando menos a 300 de lasfamilias que residen en estas "trampas de muerte", que suman 421 en Panamá, de acuerdo con el censo realizado por el MIVI en 2003.

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