Fuentes vinculadas a la Contraloría General de la República informaron este miércoles 27 de mayo que los seis fiscalizadores asignados a la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) fueron retirados de la sede universitaria, en medio de la creciente crisis institucional que rodea a la rectoría.
Según la información divulgada, la medida implicaría un cambio en los mecanismos de supervisión y control administrativo dentro de la universidad, en momentos en que la institución permanece bajo escrutinio público por investigaciones y auditorías relacionadas con su gestión financiera y administrativa.
A partir de ahora, todos los trámites vinculados con la fiscalización deberán realizarse directamente en la oficina principal de la Contraloría en David, provincia de Chiriquí, bajo un sistema de control más estricto.
La decisión se conoce pocas horas después de la polémica sesión del Consejo General Universitario de la Unachi, en la que se respaldó la permanencia de la rectora Etelvina Medianero de Bonagas, pese a que el Ministerio de Educación había comunicado oficialmente la presentación de su renuncia.
Una medida similar fue aplicada por la Contraloría en la Universidad de Panamá el 7 de mayo de 2025, cuando retiró temporalmente a sus fiscalizadores alegando motivos de seguridad debido a las protestas y manifestaciones registradas en el campus universitario.
Auditoría forense
A esto se suma que la Contraloría iniciará una auditoría forense en la Unachi, en medio de denuncias por presuntas irregularidades relacionadas con descuentos salariales aplicados a trabajadores de la institución.
Según explicó la Contraloría, la investigación guarda relación con descuentos realizados a colaboradores universitarios que presuntamente no habrían sido transferidos oportunamente a las entidades correspondientes, afectando derechos vinculados con la seguridad social y la estabilidad financiera de docentes y funcionarios.
Recientemente, la Asociación de Profesores de la Unachi se declaró en “estado de alerta máxima” ante la crisis presupuestaria y administrativa que atraviesa la universidad.
A través del comunicado 005-2026, el gremio denunció supuestas irregularidades en el manejo de descuentos salariales y responsabilizó directamente a la administración de la rectora Etelvina Medianero de Bonagas por una situación que calificó como “inaceptable”.
