ATENTADO. POR EL CRIMEN DE ZAK HERNÁNDEZ FUE ACUSADO Y LUEGO ABSUELTO.

Un crimen que aún sacude al poder

Un crimen que aún sacude al poder
Un crimen que aún sacude al poder


Hace más de 13 años el Gobierno de Estados Unidos le ponía precio a la cabeza del presidente de la Asamblea Nacional, Pedro Miguel González: 100 mil dólares. La recompensa –que también incluía a Roberto Garrido y Daniel Batista– tenía como fin ayudar a capturar a los responsables de la muerte del sargento estadounidense Zak Hernández.

Para el país del norte, González es un "terrorista" desde el 10 de junio de 1992. Ese día, un auto Toyota modelo Starlet acorraló a un blindado militar (Hummer) de Estados Unidos que circulaba por el tramo carretero de El Veinte, distrito de Colón. Una vez junto al vehículo militar, desde el auto japonés salió una ráfaga de 27 balas de un fusil de asalto AK-47.

El ataque terminó con la vida del sargento Hernández –de 22 años–, mientras que su compañero, Ronald Tarrel Marshal, recibió graves heridas pero sobrevivió.

El momento no podía ser mejor para los opositores a Estados Unidos: el 11 de junio de 1992 –un día después del atentado– estaba prevista la llegada al istmo del presidente George Bush (padre), invitado por el gobierno de Guillermo Endara.

Catorce días después de la emboscada, una persona confesó que enterró dos armas vinculadas al crimen de los soldados. Eran un fusil AK-47 y una subametralladora Smith & Wesson. El sitio: el patio trasero de la estación acuícola del Ministerio de Desarrollo Agropecuario en Gatún (Colón). Con el paso de los años, esas armas recorrerían las dependencias del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y de Scotland Yard, de Inglaterra.

La bomba de Abad

Una vez pasada la primera etapa de investigación, el 28 de julio de 1992 , el director de la Policía Técnica Judicial (PTJ), Jaime Abad, tiró la bomba: reveló que los principales responsables del asesinato de Hernández eran Pedro Miguel González –hijo de Gerardo González, legislador del Partido Revolucionario Democrático (PRD)– , Roberto Garrido –un joven que había participado de la guerrilla colombiana– y Daniel Batista.

Las palabras de Abad llevaron a la sombra a los tres acusados: todos pasaron a la clandestinidad y luego abandonaron el país. Primero se pensó que podían haber viajado a Cuba o México, pero luego se dijo que estuvieron ocultos en República Dominicana.

Metiendo miedo

Deane Hinton, embajador estadounidense de esa época, anunció el 24 de agosto de 1992 que Estados Unidos buscaría por su cuenta a los responsables y que nada los salvaría de una extradición a Estados Unidos.

La rueda comenzó a girar: el 16 de octubre de ese mismo año se abrió un proceso penal contra González en los Tribunales Federales de Washington. ¿El motivo? Asesinato y actos terroristas.

En tanto, en Panamá, las investigaciones tocaban la puerta de la casa de Gerardo González, padre del principal fugitivo.

El legislador siempre rechazó que su hijo tuviera responsabilidad en el atentado. Para él, la acusación era un "show" montado por el gobierno de Endara para congraciarse con los "gringos".

La entrega

Luego de haber estado oculto durante casi tres años, Pedro Miguel González decidió encarar a la justicia de Panamá. Al igual que una pieza teatral, donde nada está librado al azar, el prófugo se entregó al presidente Ernesto Pérez Balladares en el Palacio de las Garzas. Era el 26 de enero de 1995. Luego de un "caluroso" recibimiento, el mandatario lo mandó a la sede de la Policía Nacional, en Ancón, para su custodia. Finalmente pasó a la cárcel de El Renacer, en Gamboa.

Tras el juicio, en 1997, González fue puesto en libertad. La clandestinidad y la cárcel habían quedado atrás.

No obstante, casi una década y media después, Estados Unidos le volvió a poner precio a la "cabeza" de González: su renuncia a la presidencia de la Asamblea a cambio de la ratificación del tratado de promoción comercial.

CRONOLOGÍA DE UN CASO POLÉMICO

10 de junio de 1992: Asesi- nan al sargento estado- unidense Zak Hernández, al ser baleado su vehículo en el El Veinte.

28 de julio de 1992: Jaime Abad, director de la PTJ, revela que los presuntos autores son Pedro Miguel González, Daniel Batista y Roberto Garrido.

26 de enero de 1995: Tras 29 meses de clandestini- dad, Pedro M. González se entrega a la justicia.

1 de noviembre de 1997: Un jurado de conciencia declara inocentes a Gon- zález, Garrido y Batista.