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DESPENALIZACIÓN DE DELITOS CONTRA EL HONOR FUE UN ACUERDO DE PAÍS

Más críticas a procurador

Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana, dijo que existe una corriente continental hacia la despenalización de los delitos contra el honor.

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EXPRESIÓN. Amplio fue el debate en 2007 para lograr la despenalización de los delitos contra la honra. Los gremios periodísticos (en la foto) protagonizaron varias protestas. LA PRENSA/Archivo EXPRESIÓN. Amplio fue el debate en 2007 para lograr la despenalización de los delitos contra la honra. Los gremios periodísticos (en la foto) protagonizaron varias protestas. LA PRENSA/Archivo
EXPRESIÓN. Amplio fue el debate en 2007 para lograr la despenalización de los delitos contra la honra. Los gremios periodísticos (en la foto) protagonizaron varias protestas. LA PRENSA/Archivo

Nuevas voces se sumaron ayer al rechazo de una eventual penalización de los delitos contra la honra, cuando el denunciante sea un funcionario de los que enumera el artículo 196 del Código Penal.

Esta vez, la secretaria ejecutiva de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, Magaly Castillo, recordó que el tema fue discutido ampliamente, convirtiéndose en un acuerdo de país.

Castillo considera que este es un tema superado, resultado de una amplia discusión y un amplio consenso. “Esto se discutió en la Comisión de Estado por la Justicia y en la Comisión Codificadora del Código Penal. No entendemos por qué se quiere retroceder en esta materia”, comentó.

Para Castillo, en el Ministerio Público existe cierta resistencia en respetar el espíritu del artículo 196 del Código Penal que, según su opinión, debería extenderse a todos los servidores públicos, posean o no mando y jurisdicción.

La activista de derechos humanos recordó que existe una corriente continental orientada a la despenalización de los delitos contra el honor, dado a que los funcionarios investigados por actos de corrupción acudían –y acuden– a los tribunales a presentar denuncias para evitar que los periodistas continúen con su labor de fiscalización.

En tanto, el presidente del comité de ética del Consejo Nacional de Periodismo (CNP), Ricardo Lombana, calificó como un retroceso el que se vuelva a penalizar los delitos de calumnia e injuria, retroceso que colocaría nuevamente a Panamá en la lista negra de los países con problemas en materia de libertad de expresión. “Tomó muchos años para que Panamá adecuara su legislación en materia de delitos contra el honor a los estándares internacionales y en 2008 se logró la despenalización”.

Lombana comentó que el procurador y algunos abogados no comprenden que “los funcionarios, o todos aquéllos que están vinculados con asuntos de interés público, son personas a quienes los ciudadanos les delegamos una representación y por ende deben estar sujetas, y más expuestas que el resto de los particulares, al escrutinio y a las críticas”.

“Ya lo ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: la aplicación de leyes para proteger el honor de los funcionarios les otorga injustificadamente un derecho a la protección del que no dispone ningún otro integrante de la sociedad”, agregó.

En el pasado, el defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, comentó que el artículo 196 del Código Penal es “un avance democrático en el reconocimiento a las libertades individuales en las que nuestro país, siguiendo recomendaciones como las de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, acoge las mejores prácticas en aras de ajustar nuestra legislación a los estándares internacionales”.

El debate surgió tras la presentación, en julio pasado, de una advertencia de inconstitucionalidad contra el segundo párrafo del artículo 196 del Código Penal por parte de la defensa del comentarista Juan Carlos Tapia, querellado por calumnia e injuria por el secretario de Información del Estado, Alfredo Prieto.

La advertencia busca ampliar la actual limitación que recoge el artículo 196, a todos los funcionarios. Es decir, que ningún servidor público pueda acudir a la vía penal para defender un supuesto atentado contra su honra.

En su pronunciamiento sobre el tema –en el que utilizó parte de un informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, sacándolo de contexto–, el procurador suplente, Giuseppe Bonissi, avaló dicha petición de inconstitucionalidad pero con el propósito contrario: que todos los funcionarios puedan acudir a la vía penal en la supuesta defensa de su honor.

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