Las jubilaciones de los miembros de las fuerzas de seguridad de Panamá centraron parte del debate este jueves en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.
El primero que puso el dedo en la herida fue el diputado oficialista Osman Gómez, del partido Alianza. “Tengo muchos amigos que son comisionados, pero no comparto cómo se está manejando el sistema”, afirmó.
El legislador por Chiriquí cuestionó los altos salarios, dietas, vehículos, gasolina y otros beneficios que recibe la cúpula de la fuerza pública. “Fueros y privilegios, y a la hora de la verdad, ni los ministros ni los magistrados de la Corte se jubilan con esos salarios”, agregó.
Pero no se detuvo ahí. Gómez criticó que en Panamá “hay un grupito que se lleva cientos y cientos de millones y después de prestar el servicio, siguen recibiendo dinero en sus casas”.
Solicitud de fondos y régimen privilegiado
El viceministro de Seguridad Pública, Luis Felipe Icaza, asistió a la comisión para solicitar varios traslados de partidas, entre ellos, $800 mil destinados al pago de primas de antigüedad para funcionarios de la fuerza pública.
A diferencia del resto de los panameños, los uniformados pueden jubilarse con el 100% de su último salario y antes de alcanzar la edad establecida para los trabajadores bajo el régimen de la Caja de Seguro Social (CSS).
Según documentos de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), estas subvenciones le costarán al Estado al menos $103.6 millones en 2025, cifra similar a la del 2024: $104.7 millones.
‘Clase privilegiada’
El diputado del PRD, Raphael Buchanan, también cuestionó el sistema de jubilaciones, calificando a los comisionados y subcomisionados como una “clase privilegiada”, en detrimento de la tropa.
Tanto Gómez como Buchanan anunciaron que votarán en contra del traslado de partidas solicitado por el Gobierno.
El diputado Carlos Tito Afú, defendió la partida para pagar las primas a los uniformados. “Lo que tenemos que hacer es eliminar las leyes especiales pues”, dijo luego de decir que el dinero saldrá del presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública.
Sin embargo, a raíz de la controversia el traslado no se aprobó. El trámite se suspendió. Será analizado en otra sesión.
