En apenas 28 días, el Gobierno del presidente José Raúl Mulino declaró confidenciales los pliegos de ocho millonarias compras de seguridad pública.
Las resoluciones de Gabinete 46, 47, 48 y 49, del 9 de junio, y las 56, 57, 58 y 59, del 7 de julio, incorporan una cláusula que autoriza procesos de precalificación de proponentes y declara confidenciales los pliegos de cargos, es decir, el documento que establece qué comprará el Estado, las especificaciones técnicas, las cantidades requeridas, los criterios para seleccionar al ganador del contrato y el precio de referencia.
El primer paquete, publicado en la Gaceta Oficial 30546-B del 15 de junio, cubre el equipamiento de protección personal de los policías, los insumos del servicio operativo de las fuerzas especiales, incluidas municiones y agentes químicos, los equipos y herramientas de los agentes especializados y la construcción de la nueva sede del Servicio Nacional de Migración en Curundú, cuya primera fase ya tiene un crédito aprobado de $8 millones.
El segundo paquete, publicado este lunes en la Gaceta Oficial 30566, amplía el alcance de la reserva. Incluye la demolición y construcción del nuevo cuartel de la 6.ª Zona Policial de Herrera, la compra de cámaras corporales (bodycams), el sistema con el que Migración imprimirá los carnés de residencia para extranjeros y la modernización con inteligencia artificial del Centro de Operación Nacional (CON-C5), plataforma nacional de videovigilancia.
Un círculo cerrado
De acuerdo con los documentos, la reserva funciona así: solo las empresas que superen la precalificación y firmen un acuerdo de confidencialidad recibirán un código de acceso a los pliegos en el sistema PanamaCompra.
Para el resto del país, las ocho compras serán una caja cerrada. El nombre del contratista terminará conociéndose al concluir el proceso, pero será una transparencia a medias: se sabrá quién ganó, sin poder verificar frente a quiénes compitió, en qué condiciones ni por qué fue elegido.
En PanamaCompra, la Dirección General de Contrataciones Públicas ya habilitó carpetas para los ocho procesos bajo una misma etiqueta: “Seguridad Pública art.39 num.13 del Texto Único”.
Sin embargo, solo los avisos de convocatoria pueden leerse. Los pliegos, las actas de apertura, los informes de la comisión verificadora y hasta las propuestas recibidas están cifrados con contraseña.
Sin información clave
Ninguna de las ocho resoluciones contiene los precios de referencia de las contrataciones ni el monto estimado que el Estado prevé destinar a cada una. Y no se trata de compras menores, pues el mecanismo de precalificación solo puede utilizarse por ley en proyectos de alta cuantía y complejidad, uno de los fundamentos que las resoluciones invocan para justificar este procedimiento.
De hecho, en su sesión del pasado 7 de julio, el Consejo de Gabinete aprobó, mediante la Resolución 72-26, un crédito adicional de $5.9 millones para el soporte y mantenimiento de la infraestructura del CON-C5, la misma plataforma cuya modernización se contratará bajo reserva.
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El argumento legal
El Ejecutivo se ampara en el numeral 13 del artículo 39 de la Ley 22 de 2006, que permite pliegos confidenciales en “adquisiciones sensitivas” relacionadas con la seguridad y defensa del Estado, previa autorización del Gabinete.
Las resoluciones dicen, entre otras cosas, que una publicación abierta al público expone información sensitiva sobre el tipo, nivel y capacidad de los insumos que utiliza la Policía Nacional, lo que puede ser aprovechado por el crimen organizado para anticipar sus capacidades, adaptar sus técnicas y operar con ventaja sobre las fuerzas del orden.
La reserva, sin embargo, no se limita a equipos o tecnologías cuya divulgación podría comprometer capacidades operativas.
Como ya se informó en los párrafos anteriores, la reserva también alcanza la construcción de un cuartel policial, la nueva sede del Servicio Nacional de Migración, el sistema que emitirá documentos migratorios durante cinco años y las cámaras corporales para la Policía Nacional, proyectos que, en una contratación pública ordinaria, suelen licitarse con pliegos de cargos abiertos al escrutinio ciudadano.
En el último caso, la confidencialidad incluso contrasta con el propósito de la Ley 466 de 2025, que hizo obligatorio el uso de las cámaras corporales como una herramienta para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en la actuación policial.
Aunque la legislación permite mantener bajo reserva información cuya divulgación pueda afectar la seguridad del Estado, las resoluciones también restringen el acceso a datos que habitualmente forman parte del escrutinio de las contrataciones públicas, como el monto estimado de cada compra, las especificaciones técnicas, los criterios para seleccionar al ganador del contrato y las condiciones de adjudicación.
La reserva limita la posibilidad de que ciudadanos, especialistas o empresas excluidas evalúen el desarrollo de los procesos antes de la adjudicación. En Panamá, varios de los principales casos de corrupción han estado vinculados a contrataciones públicas cuestionadas por la falta de transparencia.
El amigo Fallabella
Millonarias compras del Ministerio de Seguridad ya han sido duramente criticadas. Contratos adjudicados durante la actual administración han beneficiado a empresas vinculadas a Félix Fallabella Napolitano, un empresario considerado cercano al presidente Mulino.
En octubre pasado, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad Pública, bajo el mando de Frank Ábrego, canceló una licitación abierta para comprar uniformes y botas para la Policía Nacional y la sustituyó por un procedimiento especial de adquisición por emergencia.
La convocatoria se publicó un lunes al mediodía y, cuatro horas después, sin competencia, una comisión ya había acordado adjudicar el contrato por $6.9 millones a Max Gear, Inc., empresa vinculada a Fallabella.
La misma compañía acumuló más de $60 millones en contratos de uniformes con el Ministerio de Seguridad durante la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014).
El diputado Jhonathan Vega calificó aquella adjudicación de un “gol olímpico” y advirtió que el país “no ha superado la mala práctica de las licitaciones brujas”, a las que describió como procesos rápidos, multimillonarios y hechos a la medida de amigos y allegados del poder.
Fallabella ha sido fotografiado en actos públicos junto al presidente Mulino, al ministro de Seguridad, Frank Ábrego, y al director de la Policía Nacional, Jaime Fernández.
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