Debate.recomendaciones de la Comisión de Estado.

Para enderezar la justicia

La propuesta deja abierta la posibilidad de reelegir a los actuales magistrados de la Corte, focos de críticas.

Se establece como falta gravísima que los servidores judiciales faciliten información a los medios.

Audiencia. Anoche, la Alianza Ciudadana Pro Justicia divulgó las propuestas de reformas más relevantes. Audiencia. Anoche, la Alianza Ciudadana Pro Justicia divulgó las propuestas de reformas más relevantes.

Audiencia. Anoche, la Alianza Ciudadana Pro Justicia divulgó las propuestas de reformas más relevantes.

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Rafael Pérez G.rperez@prensa.comEn el tema más delicado de la crisis que vive el Órgano Judicial –la escogencia de los futuros magistrados de la Corte Suprema de Justicia–, las recetas propuestas por la Comisión de Estado, creada en marzo pasado, permiten una mayor participación de la sociedad.

Así, se propone la creación de un comité de preselección compuesto por cinco personas que representarían las siguientes organizaciones: las facultades de Derecho de las universidades acreditadas en Panamá y con 15 años de servicio (escogido por el Consejo de Rectores), el Colegio Nacional de Abogados, la Alianza Ciudadana Pro Justicia, un representante del Consejo Judicial –que actuará en representación del Órgano Judicial y del Ministerio Público– y un miembro del Comité Ecuménico que actuará como "observador y garante" de las decisiones que se tomen. Además, el representante del Comité Ecuménico actuará como "dirimente" en los casos en que se produzca empate.

En este aspecto, ya el presidente de la República, Martín Torrijos, ha asegurado que ampliará el marco de participación para que otras organizaciones de la sociedad civil puedan hacer sus aportes en el vital proceso.

Sobre la posibilidad de que los actuales magistrados se reelijan, la Comisión de Estado estableció una fórmula que quedó a medio camino entre la propuesta original del diputado Jerry Wilson –que incluía el derecho a estar en la lista que se presentaría al Ejecutivo– y la prohibición total de la reelección.

La propuesta establece que, de estar interesados, los magistrados a quienes se les vence el término pueden solicitar su ingreso en la lista de candidatos y sumarse a la competencia por el cargo.

De esta forma, tanto Arturo Hoyos como Jorge Federico Lee, a quienes se les vence su período el próximo 31 de diciembre, podrán presentar su documentación ante la Comisión Especial de Preselección y tener la oportunidad de ser reelegidos.

Otros magistrados que pueden entrar en esta carrera y mantenerse en la Corte son José Troyano, actual presidente encargado de esa corporación y Graciela Dixon. Troyano y Dixon terminan su etapa en la Corte en diciembre de 2007.

Sanciones

Las iniciativas propuestas también alcanzan aspectos relativos a las sanciones disciplinarias que se les aplicará a los funcionarios del Órgano Judicial y del Ministerio Público.

Con la mirada clavada en este punto, los comisionados elaboraron un borrador de proyecto de ley que entraría a modificar al actual Código Judicial que establece los mecanismos para sancionar a un servidor judicial, con excepción de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que, según la actual Constitución, son juzgados por la Asamblea Nacional de Diputados.

En el borrador de propuestas se enumera un serie de actuaciones causantes de sanciones que distribuyen en tres categorías: faltas leves, faltas graves y faltas gravísimas.

En la categoría de faltas leves se menciona el sugerir o solicitar a magistrados, jueces, fiscales y personeros, el nombramiento de una determinada persona. También se ubican, en este mismo renglón, tomar parte en reuniones, manifestaciones o cualquier acto de carácter político que no sea depositar su voto en los comicios electorales o cualquiera consulta o plebiscitos populares de carácter oficial.

De aprobarse esta iniciativa, un servidor judicial incurrirá en falta grave si brinda a las partes en un proceso a una tercera persona opiniones, consejos, indicaciones o información confidencial en relación con asuntos pendientes en sus despachos que sean o puedan ser motivo de controversia.

La propuesta entra a establecer como causal de sanción una práctica recurrente en las esferas civiles. Se establece como falta grave si un funcionario escoge a los curadores, síndicos, depositarios, peritos y otras personas que deban intervenir como auxiliares de la administración de justicia en el que medie nepotismo y favoritismo.

En ese mismo plano quedan aquellos casos en que un servidor judicial retarde, omita o rehúse, injustificadamente, actos propios de su cargo o instrucciones impartidas por sus superiores jerárquicos.

Pero la novedad de la propuesta la constituye haber establecido como falta gravísima " revelar a terceros o medios de comunicación, sin autorización expresa, información que emane de los asuntos jurídicos que se ventilan en la institución así como de la información administrativa de carácter restringido".

Esta propuesta se presenta meses después de las públicas discrepancias entre cuatro magistrados de la Corte, quienes se acusaron mutuamente de cometer actos violatorios de la ley.

Justamente ese escándalo público, protagonizado por los más altos funcionarios del Órgano Judicial, provocó el malestar ciudadano que tuvo como resultado la firma del Pacto de Estado por la Justicia entre el Presidente de la República y los más importantes funcionarios del sistema, así como por miembros de la sociedad civil.

El pacto estableció la creación de la comisión de Estado que se comprometió a establecer la agenda para el cambio que hoy ya se conoce.

El recetario

Después de seis meses de intensas jornadas de trabajo, en las que no faltaron las tensas discusiones entre miembros de la comisión y donde la presencia de los representantes de los sectores más inmovilistas de la sociedad –la propia Corte Suprema y la Asamblea Nacional– impidieron profundizar en algunos temas, hoy existe una carta de navegación para la tantas veces solicitada reforma judicial.

Con 27 propuestas concretas en cinco diferentes ejes temáticos y con acciones a tomar de forma inmediata, mediata y aquellas que requieren de una reforma constitucional (ver cuadros), los comisionados respondieron al reto lanzado en marzo por Torrijos.

La propuesta incluye, además, una serie de borradores de proyectos de leyes que deberán ser aprobados por la Asamblea Nacional, haciendo depender de los diputados del país, en gran medida, el éxito del proceso.

A juicio de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, que tuvo un lugar en esas discusiones, uno de los mayores logros de este paquete de iniciativas es la autorregulación del Órgano Ejecutivo en el mecanismo de escogencia de los magistrados.

El plazo de la Comisión de Estado por la Justicia venció. Ahora empieza a correr el reloj para el presidente Torrijos y su mayoría legislativa.

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