Muertos y desaparecidos de la dictadura

Los entuertos de la justicia

El Segundo Tribunal Superior de Justicia decidió, por segunda vez, que no cabe la prescripción en un crimen de la dictadura. Ahora, el militar Edilberto Del Cid deberá responder por la muerte de Belisario Gantes.

MEMORIA. En el Cuartel de Los Pumas recuerdan haber visto el cuerpo baleado del obrero Belisario Gantes. La Comisión de la Verdad hizo excavaciones para encontrar los restos de varias víctimas. El cadáver de Gantes nunca apareció. LA PRENSA/Archivo MEMORIA. En el Cuartel de Los Pumas recuerdan haber visto el cuerpo baleado del obrero Belisario Gantes. La Comisión de la Verdad hizo excavaciones para encontrar los restos de varias víctimas. El cadáver de Gantes nunca apareció. LA PRENSA/Archivo
MEMORIA. En el Cuartel de Los Pumas recuerdan haber visto el cuerpo baleado del obrero Belisario Gantes. La Comisión de la Verdad hizo excavaciones para encontrar los restos de varias víctimas. El cadáver de Gantes nunca apareció. LA PRENSA/Archivo

Belisario Gantes tenía 26 años, era obrero y soltero, cuando perdió la vida.

A pesar de que su muerte aparece registrada en informes del antiguo G-2 de la Guardia Nacional encontrados por la Comisión de la Verdad, y que la dictadura militar incluso aceptó que había muerto “a consecuencia de confrontaciones entre la Guardia Nacional y fuerzas guerrilleras”, su cadáver nunca fue encontrado.

El mes pasado, el Segundo Tribunal de Justicia despejó un obstáculo más para que finalmente se llame a juicio a los responsables del crimen, casi 40 años después de haber ocurrido.

El militar Edilberto Del Cid Dueñas está sindicado por el homicidio de Gantes, un ebanista afiliado al grupo izquierdista Vanguardia de Acción Nacional, y que fuera capturado y asesinado en Cerro Azul el 7 de agosto de 1969 por oponerse al régimen recién instaurado.

La decisión judicial afecta la suerte de varios casos que intentan sentar en el banquillo de los acusados a los responsables por los crímenes cometidos durante los años en que la Guardia Nacional gobernó el país.

El tema central gira en torno a la prescripción de la acción penal en los casos, tema que ha vuelto al debate nacional, recientemente, a raíz de un reportaje publicado por este diario el 20 de octubre pasado, que vinculó al hasta hace poco ministro de Gobierno y Justicia, Daniel Delgado Diamante, con la muerte del cabo Andrés García, en 1970.

La decisión del Segundo Tribunal de Justicia tiene fecha de 27 de octubre de 2008.

Invocan prescripción

El 6 de noviembre de 2006, el Segundo Tribunal Superior abrió causa criminal contra Edilberto Del Cid, por el delito de homicidio doloso en perjuicio de Belisario Gantes.

De inmediato dictó medidas cautelares. A Del Cid se le impidió salir del país y se le obligó a comparecer el último viernes de cada mes.

Los abogados del militar presentaron este año un incidente de prescripción de la acción penal, alegando que habían transcurrido más de 20 años, “que es el máximo establecido por nuestra legislación interna para la prescripción”.

La defensa, si bien reconoció la existencia de convenciones internacionales aprobadas por Panamá en materia de desaparición de personas y crímenes de lesa humanidad, alegó la falta de adecuación de la legislación interna a dichas normas y reclamó los beneficios de las garantías penales consagradas en la Constitución Nacional como razones suficientes para que se desestimara la causa penal.

Dentro del Tribunal

La pretensión de Del Cid parecía haber encontrado inicialmente buena recepción en el tribunal, según se desprende del expediente.

En efecto, el magistrado ponente, Luis Mario Carrasco, elaboró un proyecto de fallo que favorecía la tesis de la prescripción, a la que el Ministerio Público –representado en la Fiscalía Tercera Superior– se oponía.

Para Carrasco, debía resolverse el incidente en favor de la tesis de la prescripción. “A pesar de que la república de Panamá, como miembro activo de la comunidad de naciones, ha suscrito una gran cantidad de convenciones relativas al fortalecimiento y el respeto de los derechos humanos y de las garantías fundamentales”, el país todavía tenía que adecuar la legislación interna a dichos parámetros.

“Cobra especial importancia en materia penal en donde –subrayó el magistrado ponente– los bienes jurídicos en juego, el principio de la legalidad, se reviste de una especial y conocida trascendencia”.

Carrasco dio una razón adicional a sus colegas para desechar la acción penal en este caso: según él, “el delito de desaparición forzosa de personas no formaba parte del inventario de conductas penales típicas en el derecho interno panameño sino hasta la entrada en vigencia del recién aprobado Código Penal”.

El magistrado recordó que el sindicado enfrentaba cargos por homicidio, y no por desaparición forzosa de personas, distinción hecha basada en que el cadáver jamás fue entregado a los familiares, ni encontrado posteriormente por la Comisión de la Verdad.

“La imprescriptibilidad de casos como el que ahora nos ocupa, basada en la inexistencia de un estado de derecho durante los años de la dictadura, no es suficiente para sostener jurídicamente la vigencia de una resolución jurisdiccional de la envergadura que enfrenta el Tribunal”, sostuvo.

Sin embargo, el proyecto de fallo de Carrasco no contó con el aval de los otros dos magistrados del Tribunal.

Reculada de la mayoría

La posición de los magistrados Wilfredo Sáenz y Secundino Mendieta fue tajante: la muerte ocurrió “cuando el país atravesaba por el mandato de un régimen militar y en donde el aparato estatal era utilizado para reprimir a los ciudadanos cuya ideología era contraria a los lineamientos de quienes ostentaban el poder”.

“En cuanto a la prescripción –señalan Sáenz y Mendieta– resulta inaplicable ante la ausencia de un estado de derecho que en esa época permitiera la tutela de reclamar justicia” a quienes murieron o fueron desaparecidos como consecuencia de un régimen militar “que no toleraba ideologías distintas a las impuestas por ellos”.

Con el establecimiento de los gobiernos democráticos y la restauración de las garantías constitucionales, “se restaura el acceso a los mecanismos para reclamar los derechos de quienes se vieron afectados por las desapariciones”, señalaron Sáenz y Mendienta en el fallo del 27 de octubre pasado.

El fallo valida plenamente la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, incorporada al derecho interno mediante Ley 32 de 1995.

La mencionada ley –sostienen los magistrados– establece que la desaparición forzada de personas constituye un “ultraje a la conciencia del hemisferio y una ofensa grave a la dignidad humana”.

Para el tribunal, los hechos que giran en torno a la muerte de Gantes no permiten considerar la prescripción de la acción penal.

“Es importante destacar –señalan– que nuestra legislación ha adoptado los convenios internacionales que contienen normas referentes a los crímenes contra la humanidad, incluyendo las que regulan la imprescriptibilidad”.

El Segundo Tribunal encontró no solo contrario a la ley, sino “injusto” declarar la prescripción de la acción penal en el caso.

El cadáver

En cuanto al argumento de que, al no haberse encontrado los restos, se creaban dudas en la tipificación (la diferencia entre el homicidio o la desaparición forzosa de personas), el Tribunal sentó su posición: se trata de un delito de lesa humanidad.

Para los magistrados Sáenz y Mendieta, la desaparición forzada de personas implica la negativa del agente del Estado de informar a la sociedad qué sucedió con determinada persona que desapareció como consecuencia de su ideología política.

“Las autoridades militares nunca respondieron por la desaparición física de Gantes, ya que a la fecha ni sus familiares ni sus amigos y compañeros lo han vuelto a ver, y se tiene probado en autos que pertenecía a un movimiento contrario al régimen que imperaba”.

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