Fundación Iguales presenta caso ante la CIDH sobre el derecho al matrimonio igualitario en Panamá

Fundación Iguales presenta caso ante la CIDH sobre el derecho al matrimonio igualitario en Panamá
Cuatro parejas esperan reconocimiento de sus matrimonios civiles ante el estado panameño. Archivo.

Hoy, 2 de octubre, se llevó a cabo una audiencia virtual ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la cual se presentó Fundación Iguales en compañía de panameños quienes esperan un fallo por parte de la Corte Suprema de Justicia para que se les reconozcan sus matrimonios con personas del mismo sexo.

Desde el año 2016 se está a la espera de un fallo a demandas de inconstitucionalidad por rechazos de matrimonios de panameños en el exterior. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) tiene tres expedientes sobre los cuales no ha fallado. Un cuarto caso espera en el pleno del Tribunal Electoral. Esto, a pesar de que existe una opinión consultiva emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2017 en la cual se establece que la orientación sexual es una categoría protegida por la Convención Americana de Derechos Humanos.

Por parte de la sociedad civil participaron el abogado Ivan Chanis, presidente de Fundación Iguales, el abogado Carlos Ernesto González, representante de las parejas que presentaron demandas de inconstitucionalidad, y Linx Arango, miembro de Fundación Iguales. Además, dos panameños cuyos matrimonios con personas del mismo sexo en el extranjero no han sido reconocidos como válidos por Panamá, Enrique Jelenzky y Yami Garcés, dieron sus testimonios ante la Comisión.

Arango dio un repaso de las distintas instancias en el pasado donde se han vulnerado los derechos de la población LGBTIQ+. Mencionó las protestas contras las reformas constitucionales a finales de 2019 y la cuarentena por género que afectó desproporcionalmente a las personas trans. Además, mencionó cómo los manuales de conducta de entidades como la Policía Nacional y los Bomberos catalogan la “práctica de la homosexualidad o el lesbianismo” como una “falta gravísima”.

En representación del estado participaron Arlette Mendieta, la Directora Encargada de Asuntos Jurídicos Internacionales y Tratados; Andreína Acevedo, Oficial Nacional de Rectificaciones de la Dirección Nacional del Registro Civil e Isbel Valderrama, Jefa de Oficina de Equidad de Género y Equiparación de Oportunidades del Ministerio de Seguridad.

Mendieta reafirmó el compromiso que tiene el estado panameño con la Convención Universal de Derechos Humanos e utilizó el tamaño de la multitud en las marchas anuales de Orgullo Gay como evidencia de que en Panamá “las personas con diferentes afinidades pueden reunirse de manera pacífica”. Agregó que es una “situación altamente debatible y de importancia para la sociedad”. En cuanto al Ministerio de Seguridad, Valderrama aseguró que se está invirtiendo tiempo y esfuerzo en la “capacitación de los estamentos de seguridad para mayor sensibilización en temas de derechos humanos”. Las comisionadas presentes cuestionaron que no se tenga previsto un programa constante y de seguimiento de educación en derechos para los estamentos de seguridad.

Alberto Brunori, representante regional por América Central del la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, manifestó que “no es necesaria la creación de nuevas figuras jurídicas” y que la mejor manera de tratar el tema es “extender lo existente”. Brunori manifestó que entiende que la discusión del matrimonio igualitario puede “determinar un tema de convicciones religiosas o filosóficas” pero que estas no pueden ser utilizadas como parámetro de convencionalidad.

Tres comisionadas miembro tomaron la palabra e instaron a Panamá y la Corte a fallar en concordancia con la opinión consultiva emitida en 2017. “No se trata sobre casos específicos”, dijo la comisionada Julissa Mantilla, “hay una discriminación histórica estructural”. Todas las comisionadas instaron a Panamá a implementar mecanismos de no discriminación a personas de distintas orientaciones sexuales. La comisionada Flavia Piovesan reiteró que la opinión consultiva en cuestión genera “deberes estatales" para asegurar el respeto de los derechos humanos.





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