ACUERDOS.el MOP compensará a dos entes privados, como parte de las obras de la cinta costera.

Un hotel y un club privado en un parque público

De las 35 hectáreas de relleno marino que hará la constructora Norberto Odebrecht, en la Avenida Balboa, tres serán destinadas para el uso exclusivo de los socios del Club de Yates y Pesca.

La cuenta la paga el Estado. Al hotel Intercontinental Miramar se le permitirá construir un carril de acceso a su helipuerto y otras facilidades que estarán integradas a la cinta costera, en compensación por la afectación que sufrirá su rompeolas.

VISTA AL MAR. El Club de Yates y Pesca ocupa un relleno actual de 4.3 hectáreas, aunque su contrato de concesión con la AMP, que data del año 1997, es para el uso de 2.06 hectáreas. VISTA AL MAR. El Club de Yates y Pesca ocupa un relleno actual de 4.3 hectáreas, aunque su contrato de concesión con la AMP, que data del año 1997, es para el uso de 2.06 hectáreas.
VISTA AL MAR. El Club de Yates y Pesca ocupa un relleno actual de 4.3 hectáreas, aunque su contrato de concesión con la AMP, que data del año 1997, es para el uso de 2.06 hectáreas.

No se sabe si la cinta costera va a "mejorar la calidad de vida y ocio de los panameños" –como prometió el Ministerio de Obras Públicas (MOP)–, pero el proyecto, en plena etapa de ejecución, ya ha beneficiado a unos cuantos.

El ministro de Obras Públicas, Benjamín Colamarco, confirmó que su oficina logró acuerdos con el hotel Intercontinental Miramar y el Club de Yates y Pesca –ambos localizados en Avenida Balboa– por la "afectación" que la cinta costera tendrá sobre ambos establecimientos.

Como parte de estos acuerdos, al Yates y Pesca se le cederán tres de las 35 hectáreas de relleno de mar que hará la constructora Norberto Odebrecht, por encargo del MOP. Odebrecht calculó que construir esas tres hectáreas costará 9.8 millones de dólares. Serán pagados por el Estado, ya que el costo de ese pedazo fue incluido dentro del precio ofertado por la constructora para toda la cinta costera: 189.1 millones de dólares.

Al Intercontinental Miramar, en tanto, se le otorgan facilidades para que integre instalaciones propias al proyecto vial.

Las prebendas dadas al hotel y al club podrían tener menos defensores que la fatídica rampa del Multicentro.

"El Yates ni siquiera va a ser erradicado, sino reubicado... Esto demuestra que en este país prevalece el bienestar individual y no el colectivo, porque evidentemente estas estructuras van a afectar lo poco bien que pudiera pensarse que es el proyecto", opinó el biólogo Ariel Rodríguez.

Las protestas vienen también del seno del propio Yates y Pesca. Su fundador y primer presidente, el arquitecto Ernesto de la Guardia III, opinó que el club debió operar dentro de su terreno original, en lugar de tomarse la playa indiscriminadamente.

"Con [Demetrio] Lakas se dio rienda suelta y empezaron a hacer estos rellenos", recordó de la Guardia. En total, el área que el club rellenó (con y sin permiso del Estado) es de 4.3 hectáreas, según los planos de 1995 y 1997 que reposan en la Dirección de Catastro, a los que tuvo acceso este diario. Una historia de rellenos de hecho, luego legalizados por concesiones dadas por los gobiernos de turno.

Por culpa de esos rellenos, una vez el Ministerio Público presentó una demanda de bien oculto del Estado contra el Yates y Pesca, en 1993. Siete años después, en 2000, la Sala Civil de la Corte Suprema ordenó al club devolver a la Nación una hectárea de playa. No se sabe si el condenado devolvió o no algo; cuando se intentó contactar a Alonso Arias, presidente del Yates y Pesca, este no atendió el requerimiento de este diario.

Un pedazo del pastel

Además de entregar al club las tres nuevas hectáreas de relleno, el MOP –según una adenda al pliego de cargos– exigió a Odebrecht que la marina se mantenga "en el mismo lugar actual y con las mismas características".

A cambio de todo esto, el club deberá ceder a la Nación, sin costo, una finca (la número 30147) de 8 mil 88 metros cuadrados. Por años estuvieron ahí las oficinas, el bar y el restaurante de ese centro recreativo; ahora es el "campamento" de Odebrecht.

Pero sucede que esa finca que el Estado pretende recuperar, a cambio de tres hectáreas de relleno, eran originalmente propiedad de la Nación. En 1959, por medio de la Ley 3 del 26 de enero de ese año, la Asamblea traspasó al club la finca 30147. "El club no pagó absolutamente nada", recordó Ernesto de la Guardia.

Sin embargo, ahora la Nación terminará indemnizando al club por el regalo.

Esa finca, según el propio Colamarco, vale hoy unos 40 millones de dólares. Con esos cálculos, el ministro siente que está cerrando el negocio de su vida.

"Pregunta cuál es el valor de las propiedades adyacentes a la Avenida Balboa, y te darás cuenta de que la última vez que vendieron fue a 5 mil dólares el metro cuadrado", dijo Colamarco. Su viceministro, Luis Manuel Hernández, agregó que eso fue lo que pagó el empresario de la Zona Libre de Colón, Fred Harrick, por la sede de APEDE, el año pasado.

Además de la finca original, el club tiene una concesión de 2.06 hectáreas colindantes por las que paga un centavo el metro cuadrado, es decir, 206.28 dólares mensuales. Un canon que en la propia Autoridad Marítima de Panamá (AMP) consideraron en su día "irrisorio, prácticamente un regalo", como advirtió Arturo Mondol, director de Fiscalización y Control Institucional de esa entidad durante la administración de Hugo Torrijos.

Torrijos fue quien pactó el contrato de concesión, en 1997, con Augusto Samuel Boyd, entonces presidente del Yates y Pesca, a fin de que el club construyera en ese espacio un rompeolas, atracaderos, muelles flotantes y galeras. Torrijos cerró el contrato, pese a que el Ministerio de Hacienda y Tesoro (hoy MEF) promovía desde hacía cinco años una denuncia de bien oculto del Estado en contra del club, por la apropiación ilegal de playa.

Si se toma en cuenta el canon pactado en el contrato, el club habría pagado, en los últimos 10 años, 24 mil 753 dólares por el uso de 2.06 hectáreas en un área que, según el propio Colamarco, hoy cuesta 5 mil dólares el metro cuadrado.

Aunque el contrato de 1997 especifica que la AMP puede dar por terminada la concesión con el club "por motivo de utilidad pública o interés social" –y la cinta costera supuestamente lo es o el gobierno reculó–, Colamarco dijo que su despacho optó por transar con el Yates y Pesca, para así evitar entrar en un litigio que habría durado "10 ó 15 años".

Según el MOP, el club acordó dejar ya sin efecto su contrato con la AMP, aunque este tenía vigencia hasta el año 2017.

Una mirada al Miramar

Diseñada la cinta costera, ¿por dónde pensó el MOP que iban a entrar y salir los turistas del hotel Intercontinental Miramar?

No se sabe si el proyecto estaba mal planificado o si se trata de una jugada premeditada, pero una vez terminada la cinta costera, el hotel quedará con áreas verdes en cada costado, y con paños viales por el frente y por detrás. Ni la estatua de Balboa corrió suerte parecida.

"Comprenderás que tumbar el hotel era complicado... En 1992, yo no les hubiera dado chance de estar ahí, pero, ¿qué se puede hacer cuando hay un título de propiedad privada?", se quejó Colamarco.

El hotel funciona actualmente sobre dos fincas propias que suman 4 mil 102.23 metros cuadrados y una concesión dada por el Estado en 1993, para un área de 24 mil 382 metros cuadrados repartidos así: 7 mil 500 de fondo de playa y 16 mil 881.81 metros cuadrados de fondo de mar. El canon de todo esto: dos centavos mensuales el metro cuadrado, ó 488 dólares al mes, que serán incrementados en un 5% anual.

Herman Bern, dueño del Intercontinental Miramar, dijo que la cinta costera "romperá en dos" su rompeolas.

"Estamos adecuando las concesiones, porque van a sufrir los metrajes que tenemos, sobre todo lo que tiene que ver con fondo de mar", dijo Bern.

Con el aval del MOP, el hotel construirá un túnel debajo de las nuevas vías, un carril de acceso a la marina y al helipuerto del hotel, y un semisótano para 300 estacionamientos de una hectárea. Sobre este semisótano, Bern dijo que habilitarán otros 300 estacionamientos, de carácter público.

Carrera contra reloj

A lo interno del gobernante PRD, la cinta costera –que es el gran legado que pretende dejar Martín Torrijos– goza de amplia aceptación. No se puede decir lo mismo de los acuerdos privados alcanzados por el MOP.

El precandidato presidencial de ese partido y alcalde capitalino, Juan Carlos Navarro, opinó que el Yates y Pesca simplemente debería mudarse a otra parte, "para que toda esa área verde sea de uso público". Dijo que así lo recomendó en la junta de planificación municipal, que es la encargada de velar por el ordenamiento de la ciudad.

No se pudo conocer la opinión de la ministra de Vivienda (rectora de la planificación urbana) y rival de Navarro en las internas del PRD, Balbina Herrera, ya que dijo que primero se informaría del tema con Colamarco.

Como sea, Odebrecht tiene que terminar la cinta costera en 540 días calendario. Eso significa, según los cálculos del ministro, que la inauguración será en junio de 2009. Torrijos –quien termina su gestión presidencial dos meses después de la entrega de la obra– ya debe estar afilando las tijeras.

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