INDEMNIZACIONES TRAS LA PRIVATIZACIÓN DE LOS PUERTOS DE BALBOA Y CRISTÓBAL

El ‘interés’ por un fallo judicial

El ‘interés’ por un fallo judicial
El ‘interés’ por un fallo judicial

La carta transita por la delgada línea que separa a dos poderes del Estado: el Legislativo y el Judicial. En el primer párrafo se lee: “Como es de su conocimiento tengo interés en una controversia jurídica, por motivos de una demanda que pretende desconocer derechos que legítimamente nos corresponden”.

Y luego continúa: “Con profunda preocupación, he observado el trámite jurídico, que por más de un año, está afectando a 15 empresarios panameños...”.

Los párrafos pertenecen a una carta con membrete oficial de la Asamblea Legislativa que envió, el 21 de noviembre de 2000, la entonces diputada Balbina Herrera a la ex presidenta de la Corte Suprema Mirtza Franceschi de Aguilera.

¿Por qué Herrera tenía “interés” en una controversia jurídica? La respuesta, quizá, sea una sola: uno de los 15 empresarios panameños afectados que mencionaba Herrera en su carta era su ex pareja Mohamed Lafi Hamdan.

Lafi Hamdan, en aquel momento, estaba a la espera de un fallo de la Corte Suprema que ratificara el cobro de una indemnización por la cancelación de la concesión que tenía su empresa, See Buy & Sail S.A. (hoy High Class Construction Company), en el puerto de Cristóbal y que quedó nula cuando el Estado le entregó en concesión los puertos a Panama Port, en 1997.

“En mi calidad de ciudadana, deseo que el asunto jurídico que afecta a mi familia sea tramitado de conformidad y con fundamento en los principios de economía procesal que señala la Constitución Política”, reclamaba Herrera en otro párrafo.

Esa no fue la primera vez que la actual candidata presidencial por el Partido Revolucionario Democrático (PRD) intercedió a favor de la empresa de su entonces esposo: el ex presidente de la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) Raúl Hernández dijo el martes pasado que en 1998 –en dos ocasiones–, Herrera llegó a su despacho para exigir que la AMP indemnizara a todas las empresas que debieron suspender sus operaciones tras la llegada de Panama Port.

Hubo, meses después, otro intento de Herrera de interceder por la empresa de su entonces esposo: el sábado 3 de septiembre de 1999, Herrera y el presidente de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Nacional, Manuel De la Hoz, convocaron a una reunión para apoyar el pago de las indemnizaciones.

Según información periodística, Herrera “habló en activa defensa de los concesionarios”. Eso sí, hubo un “detalle” que pasaron por alto los legisladores: todos los miembros de la comisión tenían el mandato vencido por la renovación del poder legislativo dos días antes.

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