CASO PECC. Los fallos de los magistrados se basan en la forma, no el fondo.

La justicia de la Corte Suprema

Las decisiones de los máximos juzgadores no han contribuido a que las cosas se aclaren. Ha sido lo contrario.

Aníbal Salas Aníbal Salas

Aníbal Salas

VíNCULOS. Ernesto Pérez Balladares designó como su vice ministro de Comercio e Industrias a José Troyano. La esposa de este último, Dania de Troyano, fue secretaria del entonces gobernante y aún hoy es persona de su entera confianza como su secretaria personal. VíNCULOS. Ernesto Pérez Balladares designó como su vice ministro de Comercio e Industrias a José Troyano. La esposa de este último, Dania de Troyano, fue secretaria del entonces gobernante y aún hoy es persona de su entera confianza como su secretaria personal.

VíNCULOS. Ernesto Pérez Balladares designó como su vice ministro de Comercio e Industrias a José Troyano. La esposa de este último, Dania de Troyano, fue secretaria del entonces gobernante y aún hoy es persona de su entera confianza como su secretaria personal.

César Pereira Burgos César Pereira Burgos

César Pereira Burgos

Andrés Almendral Andrés Almendral

Andrés Almendral

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A principios de este mes, varias personas –entre ellas ex funcionarios de la administración de Ernesto Pérez Balladares– celebraron algo más que las fiestas patrias.

La alegría seguramente los invadió al enterarse de un fallo del Segundo Tribunal Superior, que, sin juzgar el fondo, les resultó muy conveniente.

Y qué mejor momento para celebrarlo que aquel prolongado fin de semana, en la víspera de la visita del presidente George W. Bush; cuando todo era fiesta y la gente se trasladó masivamente al interior.

Se trata de todos los que resultaron investigados por la Fiscalía Anti Corrupción en el equivalente mediático del caso Cemis durante el gobierno de Pérez Balladares: el caso PECC (Ports Engineering and Consultants Corp.).

El fallo del Segundo Tribunal hizo dos cosas: anuló toda la investigación y ordenó archivar el expediente.

Generosidad jurídica

Para entender el alcance de esta decisión, hay que recordar cómo Pérez Balladares, PECC y sus accionistas fueron favorecidos una y otra vez por la Corte Suprema de Justicia.

• El hoy ex magistrado César Pereira Burgos ordenó descongelar cuentas bancarias del ex gobernante, en diciembre de 2003, poco después de que la Dirección de Responsabilidad Patrimonial de la Contraloría lo hiciera. La cautelación tenía un alcance superior a los seis millones de dólares.

• Un mes después, en enero de 2004, el magistrado José Troyano ordenó suspender las investigaciones de la Contraloría sobre una supuesta lesión patrimonial contra el Estado en la que el ex presidente Pérez Balladares fue implicado.

• En mayo de 2004, la Corte –nuevamente con la ponencia de Troyano– evita que Pérez Balladares fuera notificado de la investigación que adelantaba la Contraloría en su contra.

• En julio de 2004, Troyano ordenó a la fiscal anti corrupción, Cecilia López, suspender la investigación sobre la contratación directa de PECC, en la que los involucrados eran simultáneamente accionistas y servidores públicos.

• En agosto de 2004, nuevamente como magistrado sustanciador, Troyano, anuló las investigaciones contra Pérez Balladares. Alegaba que el ex presidente tenía inmunidad, cortesía del Parlamento Centroamericano. El fallo justo el mes en que el ex gobernante perdía su inmunidad.

• En octubre de 2004, Aníbal Salas, magistrado ponente, elaboró un proyecto de fallo en el que recomendaba a sus colegas del pleno rechazar un amparo de garantías constitucionales promovido por Hugo Torrijos a fin de evitar la cautelación de sus bienes. Seis de nueve magistrados estuvieron en desacuerdo con Salas, por lo que el pleno decidió, en consecuencia acoger el amparo de Torrijos. Las objeciones al proyecto de Salas fueron encabezadas por Troyano, a quien le tocó asumir la ponencia acogiendo recurso.

• En mayo de este año, con la ponencia del magistrado Salas, la Corte concedió un amparo de garantías a favor de PECC. Ordenó liberar sus bienes muebles, inmuebles y las cuentas bancarias de Hugo Torrijos, Rubén Reyna –quienes estaban al frente de la Autoridad Portuaria cuando PECC obtuvo su concesión–, Gregorio Chuljak, José Antonio Sierra y Miguel Ulloa, todos vinculados a PECC.

• Y la última acción –de 21 de octubre de este año– ya no de la Corte, pero con una clara tendencia definida en los anteriores fallos, fue la del Segundo Tribunal Superior, que ordenó el cierre definitivo del caso.

Hombre de confianza

Troyano –nombrado por Pérez Balladares en diciembre de 1998– antes de ser magistrado, fue vice ministro de Comercio. Su esposa, Dania, simultáneamente, era secretaria privada de Pérez Balladares.

Cuando Troyano tomó posesión de su cargo –junto a la hoy presidente de la Corte, Graciela Dixon– en 1998, Pérez Balladares dio un discurso. Decía a los nuevos magistrados que, al momento de emitir un fallo, "deberán dejar atrás el ejercicio privado de la profesión, la simpatías políticas, las luchas reivindicativas, los vínculos comerciales y los afectos o desafectos personales".

Si Troyano puso atención o no a lo que le pedía el Presidente, es cosa que no se sabrá. En lo que sí hay certeza es en lo amigable que han resultado ser sus fallos, al menos en este caso.

Y por si este proceso pareciera poco, Troyano también tiene en sus manos otro no menos escandaloso: el uso de las partidas discrecionales de Pérez Balladares, que ascendieron a más de 36 millones de dólares.

Para Troyano "no existe causal" para impedirse de conocer este caso, pese a que la firma de su esposa, Dania, aparece repetidamente en las facturas de los miles de regalos que compró Pérez Balladares con dinero de esas partidas.

De hecho, Dania de Troyano fue una de las beneficiadas de esos regalos: En 1996, Pérez Balladares le obsequió un reloj Cartier, valorado en mil 500 dólares, cortesía de los impuestos de los panameños.

La inmunidad estirada

Pero investigar al ex presidente por lo que hizo en este o el caso de PECC, resulta tarea titánica. Los obstáculos han terminado siendo insalvables y, en consecuencia, las investigaciones se han paralizado.

Por ello, cuando la Corte falló la nulidad del caso PECC contra Pérez Balladares la fiscal anti corrupción Cecilia López se vio obligada a solicitar que la investigación continuara solo con el resto de los implicados. Entre los investigados estaban Torrijos y Reyna, director y sub director de la Autoridad Portuaria cuando PECC solicitó la concesión, la cual fue cedida en diciembre de 1997 por 20 años prorrogables.

Pero la defensa técnica de una de las implicadas en el caso –Sabina González– preguntó cuál era el alcance de la decisión de la Corte, pues –contrario a la postura de la fiscal López– suponía que la anulación del caso para Pérez Balladares incluía a sus clientes.

El fallo del Segundo Tribunal Superior le dio la razón. Los magistrados Andrés Almendral y Elvia Batista coincidían en que, "dada la naturaleza de la institución de la nulidad, es inaceptable que ella pueda fraccionarse con respecto a una u otra persona...".

Después de este fallo, poco le queda al Ministerio Público para continuar. Tendrá su última oportunidad cuando la Fiscalía presente ante la Corte un recurso de casación.

Lo que no se investigó

La Corte Suprema, como se dijo, impidió las investigaciones que se llevaban a cabo para determinar el origen de los dineros en las cuentas de todos los implicados en este caso. De haberse seguido, se habría averiguado varias otras cosas más. Por ejemplo:

• Pérez Balladares depositó en sus cuentas un cheque –por un monto de 7 mil 500 dólares– de una sociedad llamada Fonte Investment Ltd. Hasta ahora se desconoce por qué esta sociedad le entregó esta cantidad de dinero al entonces Presidente.

• Este es un depósito menor al que recibió Pérez Balladares de PECC en 1997 –de 18 mil dólares al portador– pero, para cuando lo recibió, ni era candidato ni era ya Presidente.

• Varias fuentes bancarias consultadas por La Prensa, coincidieron en que es una práctica inusual girar cheques al portador por sumas tan elevadas. Lo que se pretende con ello –dijeron– es "ocultar la identidad del verdadero beneficiario del cheque".

• Lo que hasta ahora se sabe es que Fonte es una sociedad que controla Jovan Vukelja, quien el 30 de octubre de 1999 giró dicho cheque a Pérez Balladares, aunque sin identificar el nombre del beneficiario. En su lugar escribió la palabra cash.

• Vukelja no es un personaje irrelevante. Todo lo contrario. El 24 de julio de 2003 recibió un cheque de dividendos –correspondiente al 7.5% de las acciones de PECC– por un monto de 8 mil 100 dólares. Ello significa que PECC perdió accionistas, pero entraron nuevas caras, entre ellas, la de Vukelja.

• Simultáneamente, Vukelja es presidente y gerente general de otro concesionario no menos controversial que PECC: Ocean Pollution Control, cuyo contrato también otorgó la Autoridad Portuaria Nacional (APN) cuando Hugo Torrijos y Rubén Reyna eran director y subdirector de la institución, respectivamente.

• De acuerdo con las investigaciones de la Contraloría, uno de las mayores accionistas de PECC es la sociedad denominada Soderville Corp., vinculada a Hugo Torrijos. Esta sociedad recibió dividendos de PECC en 1997 y volvió a recibirlos en julio de 2003, por un monto de 32 mil 400 dólares.

• Curiosamente, este último cheque de dividendos fue anulado. En su lugar fue emitido otro, el 1 de septiembre de 2003, a nombre de Fonte Invesments. De esta forma, Soderville habría dejado de ser accionista de PECC y su lugar lo habría tomado Fonte Investment.

• De todo esto se desprenden varias preguntas: ¿Es Jovan Vukelja el único dueño de Fonte Investments o hay algunos otros beneficiarios? Si fuera así, ¿quiénes son estos otros accionistas? Al parecer, eso no se sabrá por decisión de la Corte Suprema de Justicia

Los otros accionistas

Las decisiones de la Corte también impidieron saber quiénes eran el resto de los nuevos accionistas de PECC que, aunque eran minoritarios, controlaban, en su conjunto, el 40% de las acciones de PECC.

Esos accionistas minoritarios recibieron cheques de dividendos al portador en julio de 2003. Lo extraño es que ninguno de esos "accionistas" hizo efectivo esos cheques. Todos, sin excepción, fueron depositados en distintas cuentas del banco HSBC, abiertas por Vivian Sosa, hermana de la periodista Dorita de Reyna.

• Nuevas preguntas surgen con este nuevo panorama: ¿Por qué razón cinco accionistas depositarían sus cheque de dividendos en cuentas que pertenecen a una sola persona: Vivian Sosa? ¿Y por qué Vivian Sosa aceptaría tales depósitos? ¿O es que es ella también accionista de PECC?

• Lo único que parece claro es que PECC es controlada por dos accionistas: las sociedades Fonte y Warmspell. Todos los demás son accionistas minoritarios cuya identidad permanece en el anonimato.

La fórmula del tecnicismo

Seguir adelante con la investigación será difícil, si se examina la tendencia de los fallos de la Corte Suprema en este caso.

En consecuencia, las esperanzas de que pueda prosperar el anunciado recurso de casación que pretende interponer la Fiscalía Anti Corrupción contra el fallo del Segundo Tribunal Superior, tropezarán con los magistrados de la Corte Suprema.

Por ello, el ex contralor Alvin Weeden, quien inició las investigaciones de este caso en octubre de 2003, recomendó hace unos días al Ministerio Público desistir de este recurso y empezar nuevamente. Ello permitiría –dijo– abrir una causa penal contra Pérez Balladares ahora que no goza de inmunidad parlamentaria.

Hasta ahora, nada parece haberle salido mal a los accionistas de PECC. Ha sido una defensa basada en una estrategia que utiliza las salidas técnicas que permite la Ley.

Pero, ¿qué es lo que hay en el fondo? Las pruebas evidencian que los servidores que representaron al Estado –quienes debieron velar por el interés común– consiguieron concesiones estatales en las que privó el interés personal sobre el colectivo.

LA RESPUESTA

El ex presidente Pérez Balladares remitió ayer a varios medios un comunicado en respuesta a la primera publicación de este reportaje, que apareció en la edición de ayer ( Ver facsímil).

Además de insistir en que no se benefició ni directa ni indirectamente de las ganancias de PECC, aseguró que este caso ya se había "dirimido" en las instancias judiciales que determinaron "el archivo del caso en mención".

También se refirió al facsímil de un depósito a plazo fijo en el banco DISA por tres millones de dólares, a nombre de la sociedad Berkland Invesment, controlada por él.

"Recordamos que el ex presidente Ernesto Pérez Balladares –dice el comunicado–, en su declaración de bienes patrimoniales y que fue hecha pública antes de asumir su mandato presidencial, mostró bienes superiores a la suma registrada en el cheque publicado".

Aunque el comunicado señala que la declaración jurada de bienes patrimoniales de Pérez Balladares se hizo pública, ni antes ni ahora se ha podido ubicar el documento.

La Prensa se comunicó ayer mismo a la oficina de Pérez Balladares para obtener copia de la declaración jurada de bienes el ex presidente, pero de ahí contestaron –por escrito– que los periodistas debíamos ceñirnos a la información contenida en el comunicado. En consecuencia, tampoco fue posible obtener copia del documento supuestamente público.

UN SEGUNDO CHEQUE DE FONTE

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