APLICAN LA ‘CONSTITUCIÓN’ A AGENTES SEÑALADOS POR CORRUPCIÓN

80 policías cesados en los últimos 9 meses

Varios de los afectados se quejaron de que sus casos no fueron expuestos ante la junta disciplinaria, y no se les aplicó la ley de la PN.

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CARGOS. Los funcionarios destituidos ocupaban puestos en los grupos de reacción de San Miguelito, y en las zonas canalera y metropolitana. LA PRENSA/Archivo CARGOS. Los funcionarios destituidos ocupaban puestos en los grupos de reacción de San Miguelito, y en las zonas canalera y metropolitana. LA PRENSA/Archivo
CARGOS. Los funcionarios destituidos ocupaban puestos en los grupos de reacción de San Miguelito, y en las zonas canalera y metropolitana. LA PRENSA/Archivo

Al menos 80 funcionarios de la Policía Nacional han sido destituidos desde octubre de 2010 por decisión del Órgano Ejecutivo, sin que mediara para ello explicación jurídica alguna, según varios de los afectados.

De acuerdo con fuentes de la propia entidad, los uniformados fueron destituidos según el artículo 184 de la Constitución, que señala como atribución del Presidente de la República el nombramiento y la separación de directores y demás miembros de los estamentos de seguridad.

Los destituidos tenían rangos desde agente hasta mayor, estos últimos con hasta 26 años de servicio.

Los funcionarios trabajaban en los grupos de reacción destacados en San Miguelito, en la zona canalera y en la zona metropolitana.

De esos 80 agentes, al menos la mitad interpuso recursos de reconsideración ante el Ministerio de Seguridad y por ello permanecen en sus puestos de trabajo. El ministerio no ha resuelto aún los incidentes.

Varios de los afectados se quejaron de que sus casos no fueron expuestos ante la junta disciplinaria, y que ni siquiera se les aplicó la Ley 18 del 3 de junio de 1997 que regula la función de los policías, concretamente el artículo 103, que establece el estatus de carrera policial y la estabilidad en los cargos, ascensos y traslados.

Otras fuentes consultadas indicaron, sin embargo, que en cada caso se consideraron informes que daban cuenta de la supuesta colaboración de los funcionarios con el crimen organizado, así como presuntos nexos con actos de corrupción.

Este diario contactó al director de la Policía Nacional, Gustavo Pérez, quien no quiso hablar y remitió al periodista al ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, “para no pasar por encima de mi jefe superior”.

Mulino, por su parte, dijo ayer que, en efecto, la Constitución da la facultad al Presidente para destituir a los miembros de la Fuerza Pública, y en esa facultad se sustentan los despidos.

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