NUEVAS REGLAS PARA INVESTIGAR A DIPUTADOS

Una propuesta que encendió el debate

Los diputados intentaron pasar una ley que le quitaría al Ministerio Público la facultad de investigarlos.

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HEMICICLO. Diputados dijeron que la iniciativa no pasó, pues haría daño a la imagen del Legislativo. LA PRENSA/Eduardo Grimado HEMICICLO. Diputados dijeron que la iniciativa no pasó, pues haría daño a la imagen del Legislativo. LA PRENSA/Eduardo Grimado
HEMICICLO. Diputados dijeron que la iniciativa no pasó, pues haría daño a la imagen del Legislativo. LA PRENSA/Eduardo Grimado

El proyecto de ley 131 sobre juzgamiento a diputados fue aprobado en segundo debate el pasado jueves en la noche.

La iniciativa buscaba quitarle al Ministerio Público la facultad de investigar a los diputados. Esta tarea recaería exclusivamente sobre la Corte Suprema de Justicia, que en un período máximo de cuatro meses debería investigar y dictar un fallo.

Actualmente, la Corte decide qué casos deben investigarse y cuáles deben ser archivados. Luego corresponde a un magistrado –que actúa como fiscal– investigar el caso.

Este puede pedir colaboración al Ministerio Público y no tiene un límite de tiempo para emitir su vista. Ese proceso muchas veces concluye cuando el diputado ya no es funcionario.

Ahora, la propuesta buscaba eliminar al Ministerio Público como órgano auxiliar y limitar el tiempo de la investigación, que solo se llevaría en la Corte, a cuatro meses con 20 días prorrogables. De no ser resuelto el caso en ese tiempo, se declararía extinguido.

En otras palabras, los diputados se están asegurando de ser investigados mientras son diputados y aún tienen conexiones políticas, no cuando dejan de serlo, explicó ayer el constitucionalista Miguel Antonio Bernal.

Ante las críticas de diversos sectores, los diputados decidieron ayer, a las 9:30 p.m., frenar el proyecto.

Esta iniciativa, además, dificultaría a los ciudadanos denunciar actos irregulares de los “padres de la Patria”. Los obligaría, por ejemplo, a presentar una relación “precisa, clara y circunstanciada del hecho atribuido, lugar y tiempo de su realización, así como una prueba idónea del hecho punible imputado”. La anterior norma no solicitaba estos requisitos.

Carlos Lee, presidente de la Alianza Ciudadana pro Justicia, calificó como “lamentable” que los diputados pongan este tipo de trabas para que no se les pueda investigar. “La ciudadanía no podrá velar porque haya transparencia con estos requisitos casi imposibles de cumplir”, agregó.

Carlos Gasnell, coordinador de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, manifestó que si antes era difícil empezarle una investigación a un diputado, con la norma aprobada nadie se atrevería a denunciar irregularidades.

Indicó, además, que si la investigación fuese archivada por falta de pruebas, los diputados, con todo el poder que detentan, tendrían el camino abierto para demandar civilmente a quien presentó la denuncia.

El proponente de la norma fue el diputado oficialista Hernán Delgado, quien la defendió alegando que lo que se buscaba era que “si existe algún caso contra un parlamentario [sic], se agilice su proceso judicial”.

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