COSTAS E ISLAS.CORTE SUPREMA NO SE PRONUNCIA SOBRE PEDIDO DE PROCURADORA.

Dos proyectos, una pesquisa

El pleno vota hoy el segundo bloque de artículos del proyecto 132. El de 2004 generó un proceso, que no ha concluido, contra 5 diputados.

CONTROVERSIA. Pedro Miguel González y Benjamín Colamarco defienden el proyecto presentado por el Ejecutivo. CONTROVERSIA. Pedro Miguel González y Benjamín Colamarco defienden el proyecto presentado por el Ejecutivo.
CONTROVERSIA. Pedro Miguel González y Benjamín Colamarco defienden el proyecto presentado por el Ejecutivo.

La semana pasada se conoció que entre los procesos pendientes de resolver por la Corte Suprema de Justicia, está una petición hecha el 19 de mayo pasado por el Ministerio Público para investigar a los diputados Jorge Hernán Rubio, Dorindo Cortez, Juan Hernández, José Blandón Figueroa y Raúl Rodríguez.

Lo que no se sabía es que la investigación estaba relacionada con un supuesto delito contra la administración pública, en lo que puede considerarse como un precedente del proyecto de ley 132 sobre enajenación de tierras costeras e insulares.

Sobre este polémico proyecto, el 33.4% de los participantes en la última encuesta de este diario considera que se trata de una propuesta que responde a intereses políticos, mientras que el 18.4% piensa que la norma no beneficia al país.

La historia

El 16 de diciembre de 2004, el diputado del Partido Revolucionario Democrático Benicio Robinson, junto con sus copartidarios Bernardo Ábrego, Benito Cases, Elizabeth de Quirós, Juan Carlos Arosemena y Andrés Lizondro, presentó un proyecto que declaraba "área de desarrollo especial el territorio insular de Bocas del Toro".

El documento fue acogido por la Comisión de Gobierno para darle primer debate el 3 de marzo de 2005, pero nunca se discutió. Y es que, según informó el entonces presidente de la Comisión de Gobierno, Jorge Hernán Rubio, la propuesta no tenía el aval del Gobierno y se trataba de una iniciativa exclusiva de Robinson.

Por esos días, informes de prensa revelaban la puesta en venta por internet de varias islas de la provincia de Bocas del Toro, provocando que el secretario del Frente Contra la Corrupción, Enrique Montenegro, solicitara a la Procuraduría de la Administración una investigación sobre una presunta coima por 3 millones de dólares, que habrían recibido varios diputados por aprobar el proyecto de Robinson.

Estas denuncias hicieron que Rubio formalizara una petición a la procuradora, Ana Matilde Gómez, para que investigara el caso, surgiendo así la petición hecha por la funcionaria a la Corte.

Esta solicitud, como muchas otras relacionadas con investigaciones contra diputados, no ha sido resuelta por la Corte.

Actualidad y diferencias

El siguiente capítulo de la historia se produce el 20 de septiembre último, cuando el Ministerio de Economía y Finanzas –a través de la Dirección de Catastro– presentó el proyecto 132, para regular las concesiones turísticas y la enajenación del territorio insular. "Este proyecto es completamente diferente al que presentó Robinson", argumentó el director de Catastro, Benjamín Colamarco.

El funcionario aclaró que la investigación que pretende realizar el Ministerio Público no tiene nada que ver con el proyecto que se discute en segundo debate. "El proyecto de Robinson violaba la Constitución, porque permitía que hubiera titulación individual en una isla (...) de haberse aprobado, se habría producido un sistema anárquico de venta de tierras a diestra y siniestra", explicó Colamarco.

Robinson ha sido uno de los más fuertes opositores al proyecto de ley 132, pero no está en la lista de diputados que investigaría el Ministerio Público.

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