familiares de las víctimas deL EX DICTADOR.

Otro recurso busca impedir extradición de Noriega

Un pedido de medidas cautelares urgentes fue presentado ante la CIDH con sede en Washington.

MAN. Noriega manejó los hilos del poder entre 1983 y 1989. MAN. Noriega manejó los hilos del poder entre 1983 y 1989.
MAN. Noriega manejó los hilos del poder entre 1983 y 1989.

Un nuevo eslabón surgió en la telaraña jurídica armada con el futuro del ex general Manuel Antonio Noriega, tras su salida de una cárcel estadounidense prevista para el 9 de septiembre próximo, luego de cumplir una condena por narcotráfico.

Organizaciones de activistas de derechos humanos, en representación de las víctimas de las acciones de Noriega cuando ejerció el poder en Panamá (1983-1989), presentaron un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (CIDH) con miras a impedir la extradición del ex dictador a Francia.

En el recurso, interpuesto ante la citada Comisión, se solicitan "medidas cautelares urgentes" a favor de familiares de las víctimas de la dictadura, entre las que se destacan la de del médico guerrillero Hugo Spadafora, y la de Moisés Giroldi, quien fuera fusilado tras fracasar una asonada golpista que encabezó contra Noriega en octubre de 1989.

El documento, presentado ante la CIDH, con sede en Washington, Estados Unidos, también representa a familiares de los nueve militares asesinados en el fallido golpe conocido como la ‘Masacre de Albrook’, al igual que de Rita Wald, Dora Moreno, Delia Perry y Humberto Macea, quienes fueron víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones por órdenes de Noriega.

El recurso, según sus proponentes, busca evitar que las acciones adelantadas por Panamá, EU y Francia, tendientes a permitir la extradición de Noriega a Francia, vulneren de manera irreparable los derechos humanos de las víctimas.

PROCESO EN MIAMI

Mientras tanto ayer, en Miami , los fiscales le insistieron al juez Hoeveler que, aunque Noriega no tenga el estatus de prisionero de guerra en Francia, ese país se ha comprometido a darle los mismos derechos que tuvo en EU como prisionero de guerra; pero sostienen al mismo tiempo que el trato que Noriega recibirá en Francia es un asunto que le compete exclusivamente a la Secretaría de Estado, no a los tribunales.

Sin embargo, los fiscales le presentaron al juez Hoeveler una declaración juramentada de Clifton Johnson, quien dirige la oficina de extradiciones del Departamento de Estado. En el documento, Johnson afirma que la Embajada de Francia en Washington reconfirmó ayer su compromiso de otorgarle a Noriega todos los derechos que recibió en las prisiones estadounidenses.

El Departamento de Estado admite que jamás solicitó que Francia declarara específicamente que Noriega sea un prisionero de guerra ante el sistema francés, sino que solamente pidió que Francia le reconozca los mismos derechos que este tuvo como prisionero de guerra durante su encarcelamiento en EU.

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