TRANSPARENCIA. DE CÓMO LO QUE ERA SECRETO SE CONVIRTIÓ, EN UN TRIS, EN ALGO PÚBLICO.

Las triquiñuelas de doña Mireya

La ex presidenta parece haber jugado ‘al gato y al ratón’ con el Defensor del Pueblo y el Fiscal Electoral.

Seis días antes de dejar el poder, Moscoso deroga un decreto que la protegía, pero que expondría a Torrijos.

ARTÍCULO ÚNICO. Mediante la Resolución Ejecutiva No. 7 de 12 de marzo de 2004, la Presidencia se aseguró de no revelar el uso de las partidas discrecionales. Pero la No. 20 del 25 de agosto de 2004 derogó la de marzo. ¿Cuál era la intención? ARTÍCULO ÚNICO. Mediante la Resolución Ejecutiva No. 7 de 12 de marzo de 2004, la Presidencia se aseguró de no revelar el uso de las partidas discrecionales. Pero la No. 20 del 25 de agosto de 2004 derogó la de marzo. ¿Cuál era la intención?
ARTÍCULO ÚNICO. Mediante la Resolución Ejecutiva No. 7 de 12 de marzo de 2004, la Presidencia se aseguró de no revelar el uso de las partidas discrecionales. Pero la No. 20 del 25 de agosto de 2004 derogó la de marzo. ¿Cuál era la intención?

La Ley de Transparencia –No. 6 de 22 de enero de 2002–, que sancionó la hoy ex presidenta Mireya Moscoso, ha servido también para descubrir cómo la propia gobernante hizo lo que estuvo a su alcance para privarla de su efectividad.

A principios del año pasado, el fiscal electoral, Gerardo Solís, solicitó información a la entonces ministra de la Presidencia, Mirna Pittí, sobre el uso de las partidas discrecionales de la presidenta Moscoso, ya que se había interpuesto una denuncia, según la cual se estaba usando dinero de esos fondos con fines electoreros.

Solís fue citado el 9 de marzo de 2004 a la Presidencia. La propia Moscoso le advirtió que él no podía investigar el uso que ella le daba a sus partidas discrecionales. El funcionario se limitó a decirle que enviaría un cuestionario a la ministra Pittí.

A su vez, el defensor del Pueblo, Juan Antonio Tejada, había hecho una solicitud similar a finales de enero de 2004. Pretendía divulgar el uso de las partidas discrecionales en el Nodo de Transparencia de la página web de la Defensoría.

Ninguna de las dos peticiones serían atendidas. El 18 de marzo de 2004, Moscoso declaró a los medios que no daría a conocer en qué se estaba gastando el dinero de las partidas discrecionales y aquel que tuviera curiosidad por saberlo debía dirigir una carta al entonces contralor, Alvin Weeden.

Dos días después –el 20 de marzo de 2004– Moscoso encaró a Tejada, quien había advertido que interpondría un hábeas data a fin de obligarla a entregar la información que solicitaba. "Que lo haga, que lo haga cuando quiera", retó.

Lo que se había guardado de revelar Moscoso en sus declaraciones es que una semana antes –el 12 de marzo de 2004– la ministra de la Presidencia, Mirna Pittí, había emitido la Resolución No. 7 en la que declaraba y clasificaba como "de acceso restringido" la información relativa a la partida discrecional ( Ver facsímil).

Acto seguido, la ministra Mirna Pittí firmó la resolución consecutiva –la No. 8 de 25 de marzo de 2004– en la que negó la solicitud de Tejada. Posteriormente lo hizo con Solís.

La razón que argumentó en la resolución era que, de acuerdo con la Ley de Transparencia, son de acceso restringido "las actas, notas, archivos y otros registros o constancias de las discusiones o actividades del Consejo de Gabinete, del Presidente o vicepresidentes de la República", salvo en los casos de la discusión y aprobación de contratos con el Estado.

En otras palabras, la Presidencia cubrió con un velo el uso que le dio la ex presidenta Moscoso a las partidas discrecionales. Ese velo sería levantado 10 años después, lo que significa que la ciudadanía no conocería esa información –en este caso en particular– hasta el año 2014.

Pero Moscoso –que se negó vehementemente a revelar el uso de las partidas discrecionales– cambió inesperadamente de opinión. El 25 de agosto de 2004, a menos de una semana de dejar el Palacio de las Garzas, emitió una nueva resolución –la No. 20– en la que deroga en todas sus partes la Resolución Ejecutiva No. 7, del 12 de marzo de 2004, "por la cual se declara y clasifica como de acceso restringido" la información relativa a las partidas discrecionales.

Si el Presidente entrante, Martín Torrijos, hubiese tenido la intención de guardar bajo llave la información del uso de sus partidas discrecionales, seguramente habría tenido que utilizar las mismas herramientas legales que su antecesora: clasificar como de acceso restringido.

Quizás la ex presidenta tuvo un gesto de transparencia en los últimos estertores de su gestión o quizás pretendía que Torrijos no tuviera el privilegio de esconder bajo la alfombra lo que ella hizo durante años.

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