ARGENTINA. PEDIDO DE CAPTURA DE LA EX PRESIDENTA MARÍA ESTELA MARTÍNEZ DE PERÓN.

El último tango de Isabel

El cerco judicial se cierra cada vez más sobre la que fuera presidenta de Argentina entre 1974 y 1976.

Exiliada en España, Isabel es investigada por su supuesta vinculación con el grupo terrorista Triple A.

VIEJOS TIEMPOS. Juan Perón, Isabel y el ministro de Bienestar social, José López Rega, en el balcón de la Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino. VIEJOS TIEMPOS. Juan Perón, Isabel y el ministro de Bienestar social, José López Rega, en el balcón de la Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino.
VIEJOS TIEMPOS. Juan Perón, Isabel y el ministro de Bienestar social, José López Rega, en el balcón de la Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino.

Minutos antes de la medianoche del 23 de marzo de 1976, el clima en la casa de gobierno era asfixiante. Los rumores golpeaban al débil gobierno de María Estela Martínez de Perón, mejor conocida como Isabel.

Una hora después, a la 1 de la madrugada, la viuda de Juan Perón era detenida mediante un engaño: el helicóptero militar en que viajaba hacia la villa presidencial aterrizó en el área militar del aeropuerto de Buenos Aires, alegando una falla mecánica que nunca existió. A partir de allí, comenzó la dictadura militar más sangrienta de la historia de Argentina, que lideró Jorge Rafael Videla.

"Correrán ríos de sangre cuando la gente salga a defenderme", dijo Isabel apenas fue arrestada. Pero la gente no salió a defender a la ex presidenta y los ríos de sangre ya inundaban el país: el terrorismo de Estado había comenzado mucho antes del golpe, con el nacimiento de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) 1973.

El grupo terrorista nació bajo el mando del ministro de Bienestar Social del Gobierno de Perón, José López Rega, para "combatir" a los grupos guerrilleros del peronismo y de la izquierda marxista y trotskista.

Pero tras la muerte del general en septiembre de 1974 y el ascenso al poder de Isabel –que acompañó a su esposo en la fórmula presidencial– la violencia de la Triple A se hizo más abierta, más sangrienta y más impune. Sindicalistas, periodistas, estudiantes y profesores fueron perseguidos, detenidos y torturados por la banda que integraron policías y militares.

30 años después

Ahora, la justicia intenta determinar si la gestión que encabezó Isabel entre los años 1974 y 1976 conocía y participaba de las actividades de la Triple A.

Para ello, el juez de Buenos Aires, Norberto Oyarbide, ordenó el martes último la detención a nivel nacional e internacional de la antigua mandataria, exiliada en España desde 1981.

Ese procesamiento y pedido de captura se sumó al dictado la semana anterior por el juez Raúl Acosta, que investiga la desaparición de una persona detenida días antes del golpe contra Isabel.

Acosta consideró que el arresto de la víctima fue avalado por la firma, en 1975, de tres decretos presidenciales de Isabel que habilitaron a las Fuerzas Armadas a "aniquilar el accionar de los elementos subversivos". Es decir, esa decisión legalizó la represión clandestina.

Por eso, Isabel fue arrestada el viernes pasado en Madrid y, tras prestar declaración, un juez de la Audiencia Nacional española ordenó la libertad provisional, hasta tanto se decida su posible extradición a Argentina.

Según fuentes judiciales de España, el trámite podría durar un año.

El juez Oyarbide, como parte del proceso de reapertura de la causa de la Triple A, investiga sólo ocho crímenes cometidos por la banda.

Para citar a la ex presidenta, se basó en las declaraciones de un testigo del proceso, quien señaló que Isabel se encontraba en la reunión de gabinete donde se planeó el asesinato de una de las ocho víctimas incluidas en la causa.

En Argentina, en tanto, las opiniones sobre la captura de Isabel están divididas. Desde el gobierno del peronista Néstor Kirchner apoyan la acción, mientras la oposición la califica de "ridícula".

Lejos del alboroto político, la compañera que eligió Perón tras la muerte de "Evita", su primera esposa, espera en Madrid una resolución que la podría obligar a volver al país "con la frente marchita", como dice el famoso tango.

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